TRINCHERA CIUDADANA
LO DE BAJA CALIFORNIA
Comienzo esta colaboración diciendo que no me gustan
para nada los periodos gubernamentales de dos años. Creo que es un despropósito
que un gobernador pueda siquiera comenzar a cumplir los compromisos de campaña
en tan reducido periodo. El pretexto que se ha utilizado constantemente es el
de empatar las elecciones locales con las federales, ya sean con las de
presidente de la república o las intermedias, en las cuales se renueva la
totalidad de la Cámara de diputados.
De manera reciente hemos tenido gobernadores de corto
periodo. Los casos de Tony Gali, en Puebla (2016-2018) y Miguel Ángel Yunes, en
Veracruz (2016-2018). En Michoacán, en 2008, redujeron el mandato a cuatro años
(Leonel Godoy gobernó de 2008 a 2012) y luego tuvieron la ocurrencia de volver
a reducirlo a tres (Fausto Vallejo / Jesús Reyna 2012-2015) y será finalmente
Silvano Aureoles quien sí gobierne por seis años, finalizando el mandato en
2021.
Recientemente ocurrió algo escandaloso en Baja
California. El morenista Jaime Bonilla tuvo un contundente triunfo sobre sus
rivales del PAN y del PRI. El congreso local había reducido el periodo
gubernamental a dos años para empatar las elecciones de gobernador del estado,
con las elecciones federales intermedias del 2021. Con esa información y con
esa convicción los bajacalifornianos salieron a votar en junio pasado, para
elegir un gobernador por dos años. Poco tiempo después, inexplicablemente el
congreso local decidió incrementar en tres años el periodo gubernamental, Bonilla
finalizaría entonces en 2024 y no en 2021, cambiando las reglas del juego
después del propio juego. Legisladores de todos los partidos aprobaron la
modificación que fue firmada por los cinco alcaldes del estado. El tema ha
provocado distintas reacciones. Yeidkcol Polevnsky respaldó la decisión
diciendo que “la gente se cansa de tantas elecciones”; Cuauhtémoc Cárdenas
reprobó el hecho y dijo que se trataba de un “atentado contra la democracia”;
Porfirio Muñoz Ledo sugirió la desaparición de poderes en Baja California para
reestablecer el orden constitucional; Mario Delgado también se mostró en contra
de la medida.
Quien ha guardado hasta el momento un silencio
cómplice es el presidente. Se dice “respetuoso” de la voluntad del congreso
local pero no cae en cuenta o ignora deliberadamente que lo de Baja California
es una violación al pacto federal, una agresión a la democracia y un recurso
vil contra la ciudadanía. El acontecimiento debe condenarse con todas sus
letras.
La controversia será resuelta por la Suprema Corte, que,
si nada raro sucede, deberá echar para atrás semejante engendro.
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