COLUMNISTAS

TRINCHERA CIUDADANA

LO DE BAJA CALIFORNIA

Comienzo esta colaboración diciendo que no me gustan para nada los periodos gubernamentales de dos años. Creo que es un despropósito que un gobernador pueda siquiera comenzar a cumplir los compromisos de campaña en tan reducido periodo. El pretexto que se ha utilizado constantemente es el de empatar las elecciones locales con las federales, ya sean con las de presidente de la república o las intermedias, en las cuales se renueva la totalidad de la Cámara de diputados. 

De manera reciente hemos tenido gobernadores de corto periodo. Los casos de Tony Gali, en Puebla (2016-2018) y Miguel Ángel Yunes, en Veracruz (2016-2018). En Michoacán, en 2008, redujeron el mandato a cuatro años (Leonel Godoy gobernó de 2008 a 2012) y luego tuvieron la ocurrencia de volver a reducirlo a tres (Fausto Vallejo / Jesús Reyna 2012-2015) y será finalmente Silvano Aureoles quien sí gobierne por seis años, finalizando el mandato en 2021.

Recientemente ocurrió algo escandaloso en Baja California. El morenista Jaime Bonilla tuvo un contundente triunfo sobre sus rivales del PAN y del PRI. El congreso local había reducido el periodo gubernamental a dos años para empatar las elecciones de gobernador del estado, con las elecciones federales intermedias del 2021. Con esa información y con esa convicción los bajacalifornianos salieron a votar en junio pasado, para elegir un gobernador por dos años. Poco tiempo después, inexplicablemente el congreso local decidió incrementar en tres años el periodo gubernamental, Bonilla finalizaría entonces en 2024 y no en 2021, cambiando las reglas del juego después del propio juego. Legisladores de todos los partidos aprobaron la modificación que fue firmada por los cinco alcaldes del estado. El tema ha provocado distintas reacciones. Yeidkcol Polevnsky respaldó la decisión diciendo que “la gente se cansa de tantas elecciones”; Cuauhtémoc Cárdenas reprobó el hecho y dijo que se trataba de un “atentado contra la democracia”; Porfirio Muñoz Ledo sugirió la desaparición de poderes en Baja California para reestablecer el orden constitucional; Mario Delgado también se mostró en contra de la medida.

Quien ha guardado hasta el momento un silencio cómplice es el presidente. Se dice “respetuoso” de la voluntad del congreso local pero no cae en cuenta o ignora deliberadamente que lo de Baja California es una violación al pacto federal, una agresión a la democracia y un recurso vil contra la ciudadanía. El acontecimiento debe condenarse con todas sus letras.

La controversia será resuelta por la Suprema Corte, que, si nada raro sucede, deberá echar para atrás semejante engendro.

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