Asimismo, se presentaron los informes de resultados formulados por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), relativos a las auditorías practicadas a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública por las administraciones municipales de Huanímaro, Jaral del Progreso y Salvatierra, correspondientes al ejercicio fiscal de 2017. Estos fueron turnados a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, para su respectivo estudio y dictamen.
En otro punto del orden del día, se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, la propuesta de punto de acuerdo formulada por el GPPRI, a efecto de que se instruya a la ASEG, para que realice una «Investigación de Situación Excepcional»; y se solicite a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas; a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, para que practiquen auditoría integral, respecto al proceso licitatorio que llevó a cabo el Gobierno del Estado, para la adquisición de un terreno en el Municipio de León, Guanajuato; y al Sistema Estatal de Fiscalización, se le solicite una evaluación de la pertinencia de la adquisición de dicho predio.
Ratificación del Procurador de Justicia e inseguridad en la entidad
Las diputadas Vanessa Sánchez Cordero y María Magdalena Rosales Cruz; así como los diputados Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, Raúl Humberto Márquez Albo y José Huerta Aboytes hicieron uso de la tribuna para hablar de la situación de la entidad en materia de seguridad.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo expresó su inconformidad con la ratificación de Carlos Zamarripa Aguirre, de quien dijo sólo ha conseguido posicionar a Guanajuato como uno de los estados con mayor índice delictivo.
Apuntó que la ciudadanía lo desaprueba y pone en tela de juicio su efectividad, que los números eran fríos, pero sobre todo alarmantes. Aseguró que en la entidad los delitos en el estado van al alza y se ha incrementado el miedo en la sociedad, arrebatando a los guanajuatenses la tranquilidad.
Prieto Gallardo enfatizó que la población tiene un miedo fundado de salir de sus casas y que los guanajuatenses no se sienten seguros con el citado funcionario al frente de la Procuraduría de Justicia, ya que no se cuentan con resultados claros en materia de seguridad.
Por su parte, el diputado Raúl Humberto Márquez Albo señaló que la inseguridad es de los temas que más aquejan a la población y que el Ejecutivo estatal debía tener éste como la principal necesidad a atender.
Indicó que en el mes de agosto se registraron 300 homicidios dolosos, que ubicaron a la entidad como el estado más violento del país, y que la inseguridad había sumado ya víctimas inocentes; lo anterior, sin dejar fuera los delitos de orden común como asaltos y robos a casa habitación.
El legislador manifestó que se esperaban cambios profundos en el tema y que el Gobernador no había podido sustentar la decisión de ratificar al actual Procurador de Justicia y que desoía el sentir ciudadano, por lo que le hizo un llamado a meditar y reponer el nombramiento.
En su intervención, la diputada Vanessa Sánchez Cordero propuso que el oficio donde el Gobernador informa sobre la ratificación del titular de la Procuraduría de Justicia en la entidad sea enviado a la Comisión de Justicia para que se analizado, esto en conjunto con los puntos de acuerdo que previamente han presentado, por separado, los grupos parlamentarios del PVEM y MORENA, y que abordan el tema.
“Es necesario que este Poder Legislativo se pronuncie y analice sobre las condiciones legales y en su momento ratifique o no el nombramiento del Zamarripa Aguirre. Ha sido muy claro el Gobernador en manifestar que no tiene inconveniente de sujetarse al procedimiento democrático que marca la Ley, por ello reiteramos la solicitud para que el titular del Ejecutivo envíe al Congreso del Estado el nombramiento del Procurador de Justicia para analizar las condiciones legales y llevar a cabo la dictaminación correspondiente a su ratificación”, subrayó.
Mientras que la diputada María Magdalena Rosales Cruz recordó que el actual gobernador en su campaña había hablado de un golpe de timón que daría resultados a corto plazo en materia de seguridad y que era inadmisible que se nombrara a Carlos Zamarripa Aguirre como Procurador del Estado si no se habían alcanzado los resultados esperados.
Enfatizó que la violencia había sido cada vez mayor mes con mes. Mencionó algunas cifras como el aumento en 46% del robo con violencia y el 68% en homicidios; además de que, dijo, el 75% de los guanajuatenses han externado que se sienten inseguros.
Manifestó que el pueblo no se equivocaba y que tanto el titular del Ejecutivo como el Procurador de Justicia estaban haciendo “oídos sordos” a los reclamos de la población y mostraban indolencia.
El legislador hizo un llamado para que se llevará a cabo un replanteamiento en la estrategia seguridad y al sentido común, “recorrer el mismo camino llevará al mismo sitio”, concluyó.
Finalmente, el diputado José Huerta Aboytes lamentó la decisión del titular del Poder Ejecutivo de sólo enviar un oficio con la ratificación del titular de la Procuraduría de Justicia, ya que solo demuestra falta de voluntad política. Asimismo, subrayó que el tema se trata de una interpretación teleológica de la Ley, al respetarle al Congreso del Estado la facultad de ratificar la propuesta del Gobernador.
“El trámite al que nos ha obligado el Gobernador transforma este acto de ratificación en una simple toma de nota de lo que de manera personal ha determinado. Esa medida no solo constituye una infracción a las disposiciones legales, sino que infringe el principio constitucional de división de poderes, pero no sólo eso, sino que convierte a esta Legislatura en una simple oficialía de partes”, dijo.
