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Condenan a Javier Duarte a 9 años de prisión

Reportero: Ágora Redacción - 1387 Visitas

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue condenado por un juez federal a nueve años de prisión tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

En una audiencia realizada esta tarde ante un juez federal, el exmandatario aceptó los cargos fincados por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) que lo acusa de haber desviado recursos públicos a través de una red de empresas fantasma.

El político que fue expulsado de su partido -el gubernamental PRI- realizó las operaciones delictivas por medio de un complejo esquema de desvío de recursos al que pretendió otorgarle apariencia de licitud. Según la acusación de la PGR, Duarte giró instrucciones a una red de testaferros que compró propiedades con recursos provenientes del erario de Veracruz. 

Duarte pactó con la Fiscalía, a través de su abogado, un procedimiento abreviado con el que pudo obtener una pena de nueve años de prisión y una multa de 58.890 (unos 3.270 dólares) por los delitos imputados y así, evitó llegar al juicio oral.

El pasado 22 de agosto, la PGR  –una instancia que en México depende del Ejecutivo– reclasificó el delito de delincuencia organizada por el de asociación delictuosa, de menor gravedad, lo que causó indignación en la opinión pública.

En la audiencia de este miércoles, llamada intermediaria y previa al juicio, el juez analizó cada una de las pruebas presentadas por la PGR para determinar si servirían para el juicio. Sin embargo, la audiencia dio un giro tras la declaración de culpabilidad de Duarte y se le terminó dictando una mínima sentencia, así como el decomiso de bienes. Pese al fallo de este miércoles, aún le quedan pendientes los cargos fincados por la Fiscalía de Veracruz.

El político fue capturado el 15 de abril de 2017 en Guatemala, donde se encontraba prófugo de la justicia desde octubre de 2016 cuando la Fiscalía mexicana dio a conocer que había emitido una orden de aprehensión en su contra. Tres meses después de su detención fue extraditado a México.

Entre las pruebas que ha presentado la Fiscalía obran escrituras públicas de los bienes asegurados por el ministerio público de la federación, como ranchos, predios rústicos, terrenos, departamentos y viviendas. También hay estados de cuentas de los pagos realizados, documentos de constitución de empresas, una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y declaraciones ministeriales de sus cercanos colaboradores, como Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública en Veracruz.

Antes de ser extraditado, su defensa había asegurado que su cliente era víctima de una persecución política. Con las acusaciones de la Fiscalía se ha tratado de dar un "matiz" de desviar fondos y comprar propiedades, pero las personas que aparecen en las transacciones no tienen ninguna relación de parentesco que los puedan vincular con su defendido, ya que no son sus familiares, expuso en su momento el abogado.

En una audiencia celebrada en julio de 2017 en Guatemala, antes de ser extraditado a México, Duarte intentó sacudirse las acusaciones afirmando que en ninguno de los documentos aparecía el nombre de él o el de su familia. "En ninguna de las pruebas que acaba de mencionar aparece mi nombre ni de ninguno de mis familiares directos", argumentó en ese entonces. Sin embargo, tras valorar con sus abogados y con el paso de los meses, decidió cambiar la estrategia y declararse culpable.

La corrupción en la administración de Duarte --cuestionada también por la inseguridad y el asesinato de periodistas-- cobró notoriedad a partir de una investigación periodística del portal Animal Político. En mayo de 2016 se desveló una trama que involucraba a funcionarios con altos cargos en el Gobierno de Veracruz.

La investigación periodística reveló que la administración pagó a supuestas empresas para suministrar útiles escolares, alimentos y material de construcción a personas de escasos recursos, pero los proveedores nunca llevaron a cabo las acciones. Los servidores públicos habrían organizado 73 licitaciones amañadas para beneficiar a 21 empresas con varios elementos en común: se fundaron al mismo tiempo, cerraron al conseguir un contrato o los socios están relacionados entre sí. La operación involucró el reparto de 35 millones de dólares.

INFORMACIÓN: EL PAÍS

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