El Índice de la Democracia es un ejercicio que desde el 2006 realiza ‘The Economist Intelligence Unit’ (EIU) para analizar el estado que guardan los sistemas democráticos en 165 estados independientes y dos territorios, con lo cual abarca prácticamente la población de todo el Mundo. El Índice se basa en 60 indicadores agrupados en cinco categorías: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles. Con base en un sistema de puntajes, cada país se clasifica en uno de los cuatro tipos de régimen: democracia plena, democracia con defectos, régimen híbrido o régimen autoritario.
A nivel global, en la edición del 2021, el Índice concluye que por segundo año consecutivo hay un retroceso en los sistemas democráticos como efecto negativo de la Pandemia por COVID-19, que ha reducido las libertades individuales de tránsito y de convivencia y se han normalizado los poderes de emergencia con los que las autoridades han ampliado el control estatal sobre la vida pública y privada. Al analizar conjuntamente el Índice 2021 con el del 2019, previo a la emergencia sanitaria global, es posible concluir que durante el 2020 y 2021 se sumaron cinco países a la clasificación de ‘régimen autoritario’ lo que significa que, hoy en día, alrededor 2 mil 894 millones de personas sufren de forma intensa la ausencia de derechos y libertades políticas y civiles en el Mundo, de las cuales 117 millones de personas comenzaron a sufrirla en los últimos dos años.
El caso de Latinoamérica es poco alentador; en el reporte se advierte sobre el crecimiento de liderazgos ‘populistas no liberales’, como Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador y, junto a ellos, la EIU hace mención de Andrés Manuel López Obrador en el caso de México. Se señalan de forma enfática los casos de Nicaragua y Venezuela y se establece el 2021 como el año en el que ha ocurrido el mayor retroceso democrático en la zona desde que el Índice se comenzó a calcular.
El caso de México merece una profunda reflexión; el Índice de la Democracia disminuyó de un puntaje de 6.07 en el 2020, en la escala de 0 al 10, a un puntaje de 5.57 en el 2021. Ello implicó que la democracia mexicana se degradara desde un régimen de ‘democracia con defectos’ a un régimen de ‘democracia híbrida’, clasificación previa a la que el estudio califica como ‘régimen autoritario’.
En una democracia híbrida, de acuerdo a la clasificación del Índice, se observan algunas de las siguientes características. Las elecciones sufren de irregularidades substanciales, la presión del gobierno sobre los partidos y candidatos de la oposición puede ser común, la corrupción tiende a ser generalizada y el estado de derecho es débil, la participación de la sociedad civil es baja, el poder judicial no es independiente y, por lo general, hay acoso y presión sobre los periodistas. Desafortunadamente, todos ellos, han sido temas que han estado en la agenda del debate nacional en los últimos años. Del 2018 al 2021 el Índice de la Democracia en México ha disminuido un 10.01 por ciento, ocupando en este momento la posición 17 entre los 24 países latinoamericanos incluidos en el estudio, con un índice inferior al de países como Ecuador, El Salvador o República Dominicana y con un puntaje 4.5 por ciento por debajo del promedio regional.
En el reporte citado se hace mención de la degradación democrática en México con señalamientos puntuales. Por un lado, se afirma que el Presidente de la República continuó con sus esfuerzos para concentrar el poder en el Ejecutivo y menciona, como argumento de ello, el anuncio que López Obrador hizo en Agosto sobre la intención de lograr una reforma electoral integral. Aunque el EIU no profundiza en ello, es inevitable reconocer que aún antes de anunciar esta intención de reforma, el enfrentamiento entre el Presidente y el Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido cada vez más grave y, como lo establecen los cánones políticos, el amor y el odio se ven reflejados en el presupuesto.
Al comparar los recursos aprobados al INE para el 2022 con los del 2020, evitando así la comparación con el 2021 año en el que el país tuvo elecciones intermedias, resulta que el crecimiento, en términos reales, fue de solo mil 900 millones de pesos, a pesar de que en el 2022 el Instituto organiza una consulta de revocación de mandato cuyo presupuesto original era de 5 mil 700 millones de pesos. Ante ello, el órgano electoral debió ajustar en mil 567 millones de pesos su presupuesto operativo para el ejercicio 2022 y, por otro lado, deberá de reducir el despliegue de casillas electorales para la consulta popular disminuyendo los recursos a otorgar a los Consejos Locales y Distritales y los recursos a ejercer en la distribución de documentación y materiales electorales.
Por otro lado, regresando a lo reportado en el Índice de la Democracia 2021, se afirma que López Obrador ha intensificado sus ataques contra los medios de comunicación y se ha mostrado cada vez más intolerante con los críticos, incluso entre sus aliados. Es oportuna la aclaración de que el índice fue elaborado previo a la fuerte disputa del Presidente con comunicadores como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui Flores o Víctor Trujillo Matamoros. El pronunciamiento sistemático de López Obrador en contra de periodistas y medios de comunicación se convierte en una desproporción del discurso oficial frente a la libertad de expresión, los cuestionamientos críticos y la investigación periodística; a ello no se le debe de confundir con el ejercicio del derecho de réplica, pues éste consiste en el derecho de aclarar información difundida que sea falsa o inexacta y no al ataque de personas o medios en los que se difunde la información.
En lo referente a la violencia y sus efectos sobre la democracia mexicana en el 2021, el EIU hace un pronunciamiento específico respecto al impacto que la violencia originada por cárteles tuvo en las elecciones intermedias; sin embargo habría que reflexionar sobre el impacto que la violencia en general ha tenido sobre los derechos civiles en México, sobre todo a partir de la década de los ochenta. En la historia reciente, la Organización ‘Causa Común’ señala que en el 2021 se registraron en el país alrededor de 5 mil 330 hechos, la mayoría de ellos en Guanajuato, en los que al menos 8 mil 759 personas sufrieron del uso intencional de la fuerza física para causarles la muerte, laceración o maltrato extremo; entre estos hechos se señalan mil 151 actos de tortura, 837 hechos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres, el descubrimientos de 556 fosas clandestinas y 529 hechos de masacres.
Los resultados que presenta la EIU en el Índice de la Democracia 2021 deben de entenderse, si me permite Usted una interpretación final, como tendencias que se observan en diversos ámbitos de la vida pública y privada de un país que podrían atentar en contra del desarrollo de la democracia y la forma en la que ésta protege a las libertades. Si bien es cierto que cada una de estas tendencias es discutible, también lo es que ninguna de ellas debe de obviarse en el debate nacional; la preocupación de fondo es que se consolide la falta de tolerancia para poder debatirlo.
La virtud del justo medio
Cada palabra que se pronuncia desde el atril que contiene el Escudo Nacional en el frente tiene un peso específico que no es proporcional al peso que tienen las palabras que pronunciamos quienes no lo hacemos desde esas altas tribunas. El principio de proporcionalidad debería de motivar un discurso presidencial que convoque a la cohesión social y a la protección de las libertades y de los derechos civiles. Cada ‘mañanera’ es un atentado en contra de este principio.
