La coalición global contra la corrupción ‘Transparencia Internacional’ publicó en enero del presente año el ‘Índice de Percepción de la Corrupción 2022’. El índice clasifica a 180 países y territorios por su percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público. Se basa en 13 fuentes de datos independientes y utiliza una escala de cero a 100, donde el cero corresponde a una percepción de ‘altamente corrupto’ y el cien a una de ‘país muy limpio de corrupción’.
En la edición 2022 del Índice se afirma que, en los últimos cinco años, sólo ocho países han logrados mejoras significativas en el combate a la corrupción y diez han caído significativamente, incluidos países de alto ingreso como Austria, Luxemburgo y el Reino Unido. El resto, el 90 por ciento de los países, han tenido un estancamiento en el combate a los niveles de corrupción, entre ellos México.
Transparencia Internacional llama la atención de los gobiernos y de la sociedad en general al poner el dedo en una llaga dolorosa que continúa abierta; particularmente para el caso de México, es sin duda relevante y revelador el apunte: existe una clara relación entre los niveles de corrupción y los niveles de inseguridad. En el reporte 2022, se afirma que ‘la corrupción es una amenaza fundamental para la paz y la seguridad, pues se ha demostrado una y otra vez que la corrupción no sólo es una consecuencia, sino también una causa de conflicto, alimentándolo de varias maneras. La corrupción genera nuevos agravios en la sociedad, o refuerza los existentes, socavando la defensa y la seguridad de las instituciones y erosionando la legitimidad del Estado’. Sin duda, la afirmación nos hace sentido a las y los mexicanos.
México ocupó, en la última medición de percepción de la corrupción, la posición 126 entre los 180 países evaluados con 31 puntos en el índice, es decir, sin avance alguno con respecto a la calificación alcanzada en el 2021. El país es el peor evaluado entre los 34 países que integran la OCDE y el penúltimo, solo detrás de Rusia, entre aquellos que conforman el G-20. Los niveles de percepción de corrupción en México son iguales a los que se perciben en países como Bolivia, Laos y Uzbekistán.
En un análisis de la evaluación de México, la organización civil ‘Transparencia mexicana’ afirma que el Estado mexicano no ha mostrado capacidad para sancionar los grandes escándalos de corrupción y que, mucho menos, se ha logrado reparar el daño al patrimonio de la nación causado por ellos. Eventos como los ocurridos en PEMEX, Odebrecht y SEGALMEX son citados por la organización anti corrupción y los muestra como evidencia de que la Fiscalía General de la República y otras autoridades responsables de la impartición de justicia en México podrían estar utilizando a las instituciones con un sesgo político y electoral. Sin duda, otra afirmación que nos hace mucho sentido a las y los mexicanos. ‘Transparencia mexicana’ explica que es muy delicado que, mientras que otros países sancionan la corrupción ocurrida en México, las autoridades del país no avanzan en estos temas.
Por su parte, el ‘Instituto para la Economía y la Paz’ (IEP), publicó la edición 2022 del ‘Índice Global de la Paz’ (IPG) el cual clasifica 163 estados y territorios independientes según su nivel de tranquilidad y paz, utilizando 23 indicadores que miden el estado de paz en tres grupos de variables: el nivel de seguridad y protección de la sociedad, el nivel de conflictos domésticos e internacionales en curso y el grado de militarización en el país. En la edición 2022 del IPG, que captura los datos generados en el 2021, México ocupó la posición 137 entre los 163 países evaluados, ubicándose como el tercer país con mayor ausencia de paz entre todos los del Continente Americano, solo detrás de Colombia y Venezuela; y como el país más violento entre todos los países centroamericanos y del Caribe.
Más de la mitad de los indicadores del GPI en México se mantuvieron sin avance entre el 2021 y el 2022. Entre los indicadores que se deterioraron en el periodo llaman la atención dos ellos; la tasa de encarcelamiento y el gasto militar como porcentaje del PIB. El primero mide la tasa de la población ingresada en prisión por cada 100 mil habitantes y el segundo mide el gasto del gobierno federal para cubrir los costos de las fuerzas armadas nacionales, incluidos los gastos estratégicos, fuerzas terrestres, navales, aéreas, de mando, de administración y de apoyo, así como el gasto de fuerzas paramilitares, fuerzas aduaneras y fronterizas si éstas están entrenadas y equipadas como una fuerza militar.
El IEP llama la atención, en el caso de México, a cerca de las altas tasas de homicidios y el número de crímenes cometidos por la delincuencia organizada, a pesar de que en ambos indicadores se observaron reducciones del 4.3 y el 6.2 por ciento, respectivamente entre las mediciones del 2021 y el 2022. Por otro lado, la incidencia del narcomenudeo, los asalto, la extorsión, la violencia intrafamiliar y la violencia sexual aumentó en el mismo período; las dos últimas con alarmantes crecimientos superiores al 20 por ciento.
Finalmente, el Instituto para la Economía y la Paz concluye en el mismo sentido que Transparencia Internacional. Existe una relación directa entre la corrupción y la violencia; el IEP asegura que existe evidencia de que, por un lado, la corrupción y la ineficacia administrativa permiten el crimen y la violencia a través de la mala asignación de los recursos y, por otro lado, la falta de derechos políticos y libertades civiles también muestra una asociación con mayores niveles de violencia y delincuencia. En la última medición del Índice, México mostró deterioros en los pilares de ‘Buen Funcionamiento del Gobierno’ y ‘Bajos Niveles de Corrupción’. ¿Le hace sentido con lo que Usted percibe en la realidad?
La virtud del justo medio
El ‘Instituto para la Economía y la Paz’ subraya, en la edición 2022 del ’Índice Global de la Paz’, que en el caso de México se continuó observando, por segundo año consecutivo, una destaca concentración geográfica de la violencia. Seis de las 32 entidades federativas concentran más de la mitad de los homicidios que ocurren en el país: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Chihuahua y Jalisco. En estos estados ocurrieron 73 homicidios por cada 100 mil habitantes, nueve veces más que los homicidios observados en las cinco entidades con menor violencia en el país.
