El Índice de Estado de Derecho, en su medición a nivel país, captó en su versión 2021-2022 la percepción de más de 12 mil 800 personas y más de 2 mil 100 especialistas en 32 estados del país en temas como corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia. El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project permite identificar, a partir de una sólida metodología, las fortalezas y debilidades institucionales. En su medición subnacional presenta resultados para cada una de las 32 entidades de México a partir de 8 factores que construyen el índice: existencia de límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Los resultados que miden la situación del estado derecho en Guanajuato dejan un sabor agridulce pues, aunque la entidad ocupa la tercera posición con el mayor índice entre las 32 entidades federativas y ocupa la primera posición nacional en tres de los ocho factores, el resultado logrado específicamente en el factor de ‘orden y seguridad’ nos regresa a la cruda realidad que vivimos todos los días ante la ausencia de paz y tranquilidad en nuestras calles. Y, finalmente, es complejo hablar de un estado de derecho sólido sin contar con el más fundamental de ellos, el derecho de vivir en comunidad con la protección básica de nuestra integridad física y patrimonial.
Analicemos la situación del estado en cada uno de los ocho factores que componen el índice, desde aquellos en los que Guanajuato muestra el mejor desempeño hasta aquellos en los que debemos, todos, de ocuparnos para seguir avanzando. El factor en el que el estado muestra las más grandes fortalezas, y que contribuye de forma amplia a la construcción del estado de derecho es la presencia de prácticas de gobierno abierto, entendiendo ello como “aquel gobierno que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones”. En este factor, Guanajuato ocupa el primer lugar nacional; el estudio pone énfasis en la capacidad que tiene el estado para generar información pública de forma proactiva y en las respuestas a las solicitudes de información.
El segundo factores con mejor desempeño en Guanajuato es el cumplimiento regulatorio. Este factor mide la forma en la que la entidad implementa y hace cumplir las regulaciones en temas como salud pública, seguridad en el lugar de trabajo, protección del medio ambiente y actividades comerciales. En este sentido, Guanajuato es la mejor entidad evaluada de México, y sobresale específicamente en la capacidad que tiene el estado para combatir la corrupción e influencias indebidas en la aplicación de normas y regulaciones al realizar pagos o trámites.
La tercera posición la ocupa el factor ‘justicia civil’; este factor mide la capacidad que tiene los guanajuatenses para acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver controversias a través del sistema de justicia civil. En este factor la entidad ocupa la primera posición a nivel nacional y sobresale en la capacidad que tiene el sistema de justicia civil en Guanajuato para evitar la discriminación, la corrupción y las influencias indebidas con jueves que resuelven los casos de manera independiente y objetiva.
El cuarto factores con el mejor desempeño es la presencia de límites al poder gubernamental, el cual mide la capacidad de limitar el accionar de quienes gobiernan, en particular del gobernador, alcaldes y demás autoridades del poder ejecutivo estatal, y los responsabilizan de sus actos. El reporte aclara que este factor “también considera el papel que juegan los contrapesos no gubernamentales, tales como la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos”. Guanajuato ocupa la tercera posición nacional con los mayores límites al poder del gobierno, solo después de Nuevo León y Querétaro. Guanajuato sobresale por la fortaleza del poder judicial como contrapeso del ejecutivo.
La quinta posición en Guanajuato la ocupa el factor ‘ausencia de corrupción’, el cual se define como la capacidad que tiene la entidad para combatir el uso del poder público para realizar prácticas de soborno, influencias indebidas y la apropiación indebida de recursos públicos, La entidad ocupa la tercera posición nacional en este factor, detrás de Querétaro y Zacatecas. De acuerdo al reporte, las juezas, jueces y personas servidoras públicas del poder judicial en Guanajuato se abstienen, en mayor medida en comparación con otros estados, de solicitar y aceptar sobornos para cumplir con sus deberes o acelerar procesos. De la misma forma, el poder judicial en Guanajuato, se encuentra más libre, en comparación con otras entidades, de influencias indebidas por parte del gobierno, de intereses privados o de organizaciones delictivas para favorecer a alguna de las partes.
El sexto factor de acuerdo a su desempeño en el estado es el sistema de justicia penal, en el cual el índice evalúa capacidad de reparar los agravios con un sistema que respeta los derechos de las víctimas y de las personas acusadas. Guanajuato ocupa la sexta posición entre las 32 entidades federativas. La principal debilidad del estado en este factor es la baja capacidad del sistema para resolver delitos respetando el debido proceso y la evaluación de efectividad de las investigaciones.
Ya en la parte baja de la evaluación, el penúltimo factor es la situación de los derechos fundamentales que mide la protección efectiva de los derechos humanos establecidos en el derecho internacional. Guanajuato ocupa la posición 17 entre los 32 estados del país, mostrando debilidades en la protección de los derechos laborales y los derechos a la privacidad. Este subfactor evalúa si la policía u otras personas servidoras públicas espían o interceptan comunicaciones de activistas e integrantes de la oposición o conducen inspecciones sin contar con una autorización judicial; grave es que Guanajuato se muestre con una mayor presencia de este tipo de prácticas en comparación con el promedio nacional.
Y finalmente, el verdadero infierno. En el factor ‘orden y seguridad’, que mide si el estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades, Guanajuato ocupa la posición 23 a nivel nacional al ser una de las entidades con mayor incidencia de homicidios. En este sentido, y de acuerdo a las estadísticas de mortalidad en el 2021, presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Guanajuato se registraron 4 mil 333 homicidios, siendo la entidad con la mayor cantidad de ellos en el país y la sexta entidad con la mayor incidencia de muertes por homicidios medida como tasa por cada 100 mil habitantes.
La reflexión es obligada; si usted hoy se encontrara a algún servidor público del estado y le preguntara sobre el conocimiento de estas mediciones, sobre sus implicaciones en la calidad de vida de los ciudadanos y sobre las acciones y propuestas generadas a partir de este tipo de información, ¿cuántos de ellos, cree usted, que le podrían dar una respuesta satisfactoria?
La virtud del justo medio
En el 2021, en Guanajuato murieron más personas por homicidio que por tumores malignos. ¿Cuál es el cáncer que más dolor genera en el estado?
