El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) se define como “un grupo independiente de expertos, apartidistas y sin fines de lucro, dedicado a cambiar el enfoque mundial hacia la paz como una medida positiva, alcanzable y tangible del bienestar y del progreso humano”. Anualmente publica una medición integral de la paz en México, que a través de la construcción de un índice, llamado Índice de la Paz en México (IPM), analiza las tendencias de variables que explican la presencia o ausencia de paz en el país y genera, además, estimaciones del impacto económico de la violencia. En el 2022 publicó la novena edición del índice en la que incluye un análisis por entidad federativa cuyos resultados son desoladores para el caso de Guanajuato.
El IPM se basa en la metodología con la que el IEP construye el Índice de Paz Global; para el caso de su aplicación en México, se utilizan los datos oficiales publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dichos datos ajustan, siempre que sea posible, la cifra negra de la incidencia delictiva para compensar la falta de denuncia. Para realizar este ajuste, el IPM utiliza datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Índice se compone de cinco variables: homicidios, delitos con violencia, crímenes de la delincuencia organizada, delitos cometidos con arma de fuego y la proporción de personas encarceladas sin haber recibido sentencia.
En el contexto nacional, las tendencias de largo plazo marcan un deterioro de la paz en el país entre el 2015 y el 2021. En este período, el IPM se ha reducido en un 17.1 por ciento, al observarse un incremento en la mayoría de los indicadores de delitos. La tasa de homicidios en 2021 fue un 76.3 por ciento más alta que la observada en 2015, la tasa de extorsión aumentó el 11 por ciento y la tasa de los delitos de narcomenudeo lo hizo en un 6.2 por ciento. Por su parte, del 2015 al 2021, la tasa de crímenes de la delincuencia organizada se deterioró en un 48.1 por ciento. El IPM estima que el costo de la violencia en México, en el 2021, fue de 4.9 billones de pesos, el equivalente al 21 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). A cada mexicana y mexicano, anualmente, la violencia nos costó 38 mil 196 pesos.
A pesar del incremento en los niveles de violencia en el país, el IEP llama la atención sobre la discrepancia entre este lamentable fenómeno social y la inversión que en materia de seguridad y procuración de justicia se ha realizado en México. El gasto en seguridad pública disminuyó, en términos reales, un 37.2 por ciento entre el 2015 y el 2021. Por su parte, el gasto en el sistema judicial se contrajo un 3.3 por ciento en el mismo período de análisis. La inversión en materia de seguridad en México, como porcentaje del PIB, resulta la mitad de la inversión promedio entre los países de América Latina y El Caribe, y su ubica por debajo de la inversión que realizan países como Guatemala, Honduras, Trinidad y Tobago y El Salvador.
Resulta fundamental señalar que, particularmente en los resultados reportados en el índice del 2022, con datos levantados en el 2021, el IPM mejoró 0.2 por ciento. Por entidad federativa, 23 de ellas tuvieron avances y 9 sufrieron deterioros. Guanajuato, a pesar de mostrar un ligero avance en el IPM 2022, bajó un lugar entre las 32 entidades federativas, para colocarse como el cuarto estado más violento del país. Las entidades con mayor nivel de paz fueron Yucatán, Tlaxcala y Chiapas; las que mostraron los menores niveles de paz fueron Baja California, Colima y Zacatecas.
En el caso de Guanajuato, del 2015 al 2021, la medición cuantitativa de la paz hecha a través del IPM se ha deteriorado en un 76.7 por ciento, siendo el segundo estado con el mayor deterioro de la paz en este periodo, solo después de Zacatecas. La violencia en Guanajuato resultó, en la última edición del IPM, 37 por ciento por arriba de la media nacional, mientras que en el 2015 se encontraba 9 por ciento por debajo de la media del país.
La incidencia de homicidios y de delitos cometidos con arma de fuego ha impactado considerablemente en el deterioro de la paz en Guanajuato; el IEP señala que solo seis entidades del país, entre ellas Guanajuato, concentran la mitad de los homicidios cometidos en México. El estado, desafortunadamente, destacó como la entidad con el mayor número de homicidios de policías y personas políticamente expuestas. El estado también resultó ser la entidad con la mayor incidencia de delitos relacionado con el narcomenudeo, 382 actos por cada 100 mil habitantes.
En cuanto al impacto económico que la violencia tiene en el estado, el IEP estima que en Guanajuato, en el 2021, se asumió un costo de 324 mil millones de pesos, el equivalente al 28 por ciento del PIB estatal. Del 2015 al 2021, el costo de la violencia en el estado ha aumentado en un 106 por ciento. Cada una de las y los guanajuatenses asumieron en el 2021 un costo promedio de 51 mil 593 pesos, 35 por ciento por arriba del costo per cápita de la violencia a nivel nacional. La entidad resultó la octava con el mayor costo de la violencia por habitante.
Es imperante reflexionar sobre el modelo de desarrollo económico y social en Guanajuato; la entidad es la sexta economía más grande de México, la sexta con los mayores niveles de exportación, la entidad no fronteriza que más bienes y servicios exporta y la segunda economía más grande entre las siete entidades que conforman la zona del Bajío. Sin embargo, el estado es la décimo sexta entidad con la mayor incidencia de pobreza y de pobreza extrema, de acuerdo a la última medición del CONEVAL. Guanajuato es, entre las siete entidades que conforman la zona del Bajío, la que tiene el más bajo porcentaje de trabajadores que ganan más de 3 salarios mínimos al mes. ¿Se relacionará ello con los altos niveles de violencia?
La virtud del justo medio
La cartera de acciones necesarias ya forma parte de la agenda del gobierno del estado en Guanajuato, pero es necesario determinar las causas que no nos permiten avanzar con mayor velocidad. La atracción de inversiones que requieren mayores competencias laborales para generar mayores aspiraciones salariales, el impulso a la productividad de los ecosistemas regionales, el combate al rezago educativo y la alineación de la oferta de educación superior a las demandas laborales, la atención prioritaria a la infraestructura y equipamiento urbano de las zonas con mayor marginación, la inversión pública en el desarrollo de niñas, niños, jóvenes y grupos vulnerables, y todo aquello contenido en la reconstrucción de nuestra capacidad de convivir en comunidad es lo que dará, en fondo y no en forma, la grandeza a nuestro estado.
