Logo Ágora

COLUMNISTAS

Verónica Espinosa

Candil de la calle

@veroespinosav
Visitas: 3349

Candil de la Calle.


                       Las cosas por su nombre

 

            *La preocupación, como parece permear en toda la clase política y la burocracia gubernamental, es por la imagen, más que por la gravedad de lo que implica que los recursos públicos estén jugándose en operaciones que pudieran ser simuladas, que pudieran estar triangulando recursos o que pudieran estarse usando para llevar muy jugosas -pero ilícitas- comisiones a funcionarios y empresas.         

           

           

En Guanajuato tenemos el enorme problema de que nuestras autoridades se niegan a llamarle a las cosas por su nombre.

            En distintos ámbitos de la administración pública de estado y municipios nos encontramos con esa evasión mental, que lo único que hace es empeorar la percepción ciudadana sobre el desempeño de gobernantes, funcionarias y funcionarios, por aquélla ley de que no se puede tapar el sol con un dedo.

            En el Comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, se dio a conocer una lista de transacciones hechas por varias dependencias del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de gobiernos municipales como el de San Miguel de Allende o el de Guanajuato capital; éstos gobernados por los amigos Luis Alberto Villarreal y Alejandro Navarro Saldaña, quienes se copian hasta los programas ambientales, tal cual.

            La lista, que es verificable en el Sistema de Administración Tributaria (el SAT) y que se hizo con información pública (de instancias del gobierno) reporta contrataciones o compras o adquisiciones de estas instancias con empresas reportadas por facturar operaciones simuladas, a las que se llama “empresas fantasma”, pues.

            Algunas están en la lista de sospechosos del SAT porque ha registrado alguna de esas operaciones, y otras han sido ya confirmadas por ese organismo del ámbito fiscal del gobierno.

            La historia de en qué resultan estas operaciones está ya bien documentada periodísticamente desde tiempo atrás, no sólo por la conocida “Estafa Maestra” que reporteó el portal Animal Político, sino por decenas de trabajos periodísticos de investigación a lo largo y ancho del país, en los sexenios pasados y en el actual.

            Porque, como se ha repetido hasta el cansancio aquí, una labor del periodismo no es ser vocero del poder público, sino verificador de actos, promesas y compromisos de éste, entre otras labores.

            Pero a varios de los representantes de las instancias gubernamentales que forman parte del Comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción -muy bonito nombre, otro que todavía no adquiere la dimensión real- les pareció que este informe entregado por ciudadanos no debería de llamarse “un indicio de posibles actos de corrupción”.

A representantes del Poder Judicial, de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas (otro nombre digno de reflexión), del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Auditoría Superior del Estado, les pareció mejor llamarlo “una temeraria acusación que puede ir en demérito de los entes públicos señalados y de las empresas involucradas”.

            O sea, la preocupación, como parece permear en toda la clase política y la burocracia gubernamental, es por la imagen, más que por la gravedad de lo que implica que los recursos públicos estén jugándose en operaciones que pudieran ser simuladas, que pudieran estar triangulando recursos o que pudieran estarse usando para llevar muy jugosas -pero ilícitas- comisiones a funcionarios y empresas.

Posibilidades, que conste, que no sabemos si sean verdad, pero que justo tendrían qué aclararnos las instancias responsables de fiscalizar el buen ejercicio de los recursos públicos, como es su función, y de las que existe ya un indicio señalado no por la mente febril de ciudadanos, sino por el Sistema de Administración Tributaria. Con todo y eso, se le llama “señalamiento aventurado” para guardarlo en el cajón.

            Y si vamos escalando en este tema de los nombres que nadie quiere pronunciar, pues en el ámbito de la seguridad, procuración e impartición de justicia tenemos varios ejemplos.

            La semana pasada, en el Congreso del estado se discutió ampliamente en las comisiones que analizan el proyecto de Ley estatal de desaparición de personas, por parte de representantes de los colectivos de familiares de desaparecidos, la clasificación de “personas no localizadas”, un término con el que, de inicio, la Fiscalía general del estado registra denuncias por este tema, y que ha representado un verdadero galimatías y calvario, así descrito, para las familias.

            Porque aunque la Ley general de desaparición de personas dice que después de las 72 horas de un reporte ante el ministerio público por una persona “no localizada” este estatus debe cambiar y considerársele como desaparecida, cosa que en la mayoría de los casos de la estadística en Guanajuato, no ocurre.

            Hay casos en los que, a pesar de que una persona fue sustraída violentamente por personas armadas de su casa o negocio, el registro de la Fiscalía lo tiene después de años todavía como “no localizada”.

            Para algunos diputados de las comisiones, no es prudente eliminar este registro en el proyecto de la ley que se está elaborando. Porque entonces podría pasar algo similar a lo que ya ocurre: que la Fiscalía reporte que la mayoría de las personas desaparecidas estarían siendo encontradas o aparecen, tal como ahora refiere que ocurre con las personas “no localizadas”.

El juego de las cifras podría volverse en contra de las familias, según este argumento. La pregunta es si esto es realmente tan importante para esas familias, que lo único que quieren es las personas desaparecidas sean, efectivamente, buscadas y su desaparición sea, efectivamente, investigada.

Y si le seguimos, aquí en Guanajuato, a diferencia de las autoridades de otros estados, las fosas clandestinas simplemente no existen. No existen para las autoridades, pero no porque en los hechos no sean visibles, tangibles y comprobables, sino porque parece que en Guanajuato hay una realidad alterna a la nacional (cuando conviene) para no llamarlas fosas.

De Villagrán a Irapuato, de Irapuato a Moroleón, las áreas con inhumaciones ilícitas de cuerpos o restos humanos, de personas asesinadas, están siendo del conocimiento público, pero las autoridades se aferran a no llamarlas fosas, a la ambigüedad en los datos, a administrar el silencio. Como el miedo.

“Estamos investigando”, “los peritos están trabajando”, “no tenemos el número exacto”, “no podemos determinar todavía a cuántas personas corresponden los hallazgos”. Desde hace casi un año se supo de la de Villagrán, ubicada muy cerca de Santa Rosa de Lima, por cierto, y la información se sigue dosificando a cuentagotas.

Como si la realidad se pudiera dosificar.

“En Guanajuato no hay fosas” les dijo la fiscal regional de Irapuato Claudia Mota, a familiares de personas desaparecidas en una reunión en la que, por cierto, también les dijo que no podía dar copias de las carpetas porque la fotocopiadora se le descompone y el personal “no es experto en tóner ni en impresoras”, y que las familias ya no tendrían que pedir protección porque “a quien querían llevarse, ya se lo llevaron”.

¿Qué nombre le ponemos a esto?

 

Compartir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Siguiente

NOTICIAS RECIENTES