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COLUMNISTAS

Verónica Espinosa

Candil de la calle

@veroespinosav
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Candil de la Calle.


 

 

                                   Que cumplan los cuatro 

           

            En distintos momentos y escenarios, pero por una misma causa, las y los jóvenes guanajuatenses han protagonizado este año los más rotundos llamados a cuentas a las autoridades estatales, municipales y universitarias.

El 2 de octubre, miles de estudiantes encabezaron una marcha en Celaya, después del asesinato del alumno del Instituto Tecnológico Nacional en Celaya Gabriel Luna Ibarra, cometido cuando era asaltado a la salida de sus clases.

            El 2 de diciembre en distintas ciudades del estado se lograron reunir cientos de mujeres, en su mayoría jóvenes, que articularon la intervención “Un violador en tu camino”, creada por la colectiva chilena LasTesis, para desahogar el repudio general por el acoso sexual que viven en todos los espacios y la violencia feminicida que ha dejado cientos de mujeres asesinadas en el estado.

            Luego, del 4 al 9 de diciembre, presenciamos el inédito grito de hartazgo de otros miles de estudiantes de la Universidad de Guanajuato, primero en la capital y después en otros campus y sedes universitarias en las 13 ciudades donde la UG tiene presencia, que en ese lapso de seis días concluido hace apenas unas horas, resonó fuerte, se escuchó en México y en el extranjero.

En los casos de la marcha feminista y la declaración del paro universitario, el detonador fue la muerte que (después se sabría feminicidio) de Ana Daniela Vega González, alumna recién egresada de la carrera de Biología Experimental.

Pero estos tres actos, altamente simbólicos en una sociedad que estaba acostumbrada a ver en su población joven más desesperanza que decisión de cambiar algo, respondieron unánimes a la violencia y la inseguridad en que está hundido el estado, frente a niveles de gobierno hasta ahora incapaces no sólo de responder de manera contundente, sino de reconocer siquiera los efectos de la desestabilización que el actuar criminal y los vacíos de autoridad imponen en Guanajuato.

En la cotidianidad de las y los guanajuatenses de una larga lista de localidades, principalmente del altamente poblado corredor industrial (sin olvidar regiones como el Noreste y el Suroeste), se notan ya graves rupturas de las redes de convivencia social, una frágil paz comunitaria, el miedo que permea en la desconfianza en el otro.

En esta paradoja, la organización estudiantil, como la de los vecinos de las calles que han tapizado las colonias con mantas que advierten que son vigilantes y que castigarán a aquéllos a los que sorprendan cometiendo delitos, o como las de las familias de las personas desaparecidas que poco a poco asoman en una articulación de colectividad, es una respuesta de organización social positiva, pero forzada por la tragedia, en el sentido más literal de la palabra.

Esta organización social, ahora la de las y los jóvenes universitarios como la de las familias de las personas desaparecidas, surge porque se han dado cuenta de que son víctimas de la violación a derechos también en colectivo, a su integridad física, patrimonial, al acceso a la justicia de aquéllas y aquéllos que fueron asesinados o desaparecidas y de quienes los perdieron, en la cresta de esta fatídica ola criminal.

Estas palabras muy bien se pueden traducir en los números fríos que tienen a Guanajuato colocado, como nunca antes, a la cabeza de las estadísticas de la violencia en varios rubros, por más que para algunas autoridades la descripción de este panorama sea “una exageración de los medios de comunicación”, o “un ataque orquestado en su contra”, como lo vomitan desde sus sillas del Ayuntamiento o en las sesiones del Consejo estatal de seguridad.

Por todo eso, la capacidad desplegada por un movimiento estudiantil que más que músculo ha demostrado organización, horizontalidad en las decisiones, para llamar a cuentas y poner ante sí al gobernador, al rector de la Universidad de Guanajuato, al fiscal general y al alcalde de la capital, es histórica y ejemplar para esa gran comunidad que ha optado por el desahogo en protestas virtuales, mientras   exige a un puñado de ciudadanos u organizaciones civiles alzar la voy y actuar en su nombre.

Por supuesto, más de cuatro autoridades debieron comparecer y ser requeridos; en la lista faltaron –sin generalizar- aquéllos titulares de dependencias estatales, directores, presidentes municipales, secretarios de seguridad pública del estado y los municipios, delegados federales que también tendrían que saberse obligados a dar la cara y responder por lo que han dejado de hacer, por andar en la grilla partidista, por creerse con derecho a una chamba porque son del partido, por ignorar el dolor de ofendidos y víctimas y familias y acumular sus casos como papeles; por hacerse de la vista gorda (con o sin cooptación de por medio) ante el embate criminal; por abusar de su autoridad…

La protesta estudiantil, las protestas estudiantiles, han resultado ser la voz de muchos. Las demandas planteadas no son ajenas a nadie que viva en Guanajuato.

Los cuatro tendrán que reconocer que fueron llamados por un movimiento que con sensatez, madurez y responsabilidad, les hizo escuchar lo que se habían negado a admitir. Que ha dejado plasmados por escrito compromisos mínimos que debería de ser el actuar cotidiano de estas autoridades. Que han firmado nada más que un convenio que refleja, por cierto, compromisos que algunas de estas autoridades hicieron repetidamente en sus campañas.

Ofrecer disculpas era lo mínimo.

Para el gobernador, que tanto presume de cómo el Estado de Derecho fue devuelto con un Golpe de timón, debería quedar claro que para que esto sea plenamente vigente, hace falta más que una dispendiosa ceremonia rodeado de sus pares para presentar “un informe del estado que guarda la administración estatal”.

Por si lo estaba olvidando en su primer año de mandato, las y los estudiantes se lo han recordado.

Las reacciones pasaron de la soberbia –así se llama aquí y en Singapur- a entender que sus investiduras no son monárquicas ni absolutistas, sino producto de votos ciudadanos en democracia o de una representación comunitaria, a quienes tienen que rendir cuentas.

Que cumplan los cuatro. Que cumplan todos.




10/12/2019

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