#SanaDistancia de la violencia familiar
Las autoridades, como las especialistas y las organizaciones defensoras de las mujeres, de la niñez y adolescencia, saben muy bien que este encierro obligado en casa por el COVID-19 también tiene otros impactos, dignos, urgentes y prioritarios de ser atendidos, porque los efectos comenzarán a resentirse tarde o temprano en la vida y en la integridad física y emocional de estos grupos de población.
Organizaciones y defensoras de los derechos de las mujeres han advertido con conocimiento de causa y genuina preocupación un riesgo que implica para niñas, niños y mujeres la condición de cuarentena a la que ha obligado la pandemia del coronavirus COVID-19.
Todas y todos en casa. ¿Cómo se garantiza una sana distancia dentro de cada casa, vivienda u hogar? ¿Y cómo se hace dentro de una casa en la que la violencia ya estaba instalada?
En un país cuya población trabajadora ve medio garantizado su derecho a una vivienda a través de un pie de casa o un inmueble con dos habitaciones de 4 por 3 metros, y otro segmento importante de personas no tiene ni esa posibilidad, la cuarentena obligada, el aislamiento o, en muchos de los casos, un hacinamiento literal, se vive y se afronta con consecuencias que no siempre serán las mejores.
Está entendido que la emergencia como la pandemia que tan rápidamente, en cuestión de unas pocas semanas, se expandió por el planeta, ha requerido de medidas igualmente emergentes, urgentes, improvisadas o imposibles de prever o de preparar adecuadamente.
En este caso, además de las recomendaciones de higiene que se difunden en todos los espacios posibles, el distanciamiento humano en los espacios de convivencia social, educativa y laboral se vio como una alternativa para disuadir o aplazar el agravamiento de la pandemia, el número de casos y las consecuencias para las personas contagiadas y para quienes son susceptibles de ello.
Entonces, se determinó mandar a casa primero a niños y niñas adolescentes y jóvenes alumnas y alumnos de escuelas de todos los niveles.
Después, la medida se ha extendido a mujeres trabajadoras embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónico-degenerativas que presentan factores de riesgo de ser vulnerables ante el COVID-19 (diabetes, hipertensión y otras relacionadas con la obesidad; tabaquismo o afecciones respiratorias).
Pero las autoridades, como las especialistas y las organizaciones defensoras de las mujeres o de la niñez y adolescencia, sabían y saben muy bien que este encierro obligado en casa también tiene otros impactos, dignos, urgentes y prioritarios de ser atendidos, porque los efectos comenzarán a resentirse tarde o temprano en la vida y en la integridad física y emocional de estos grupos de población.
De nuevo: si en un México “normal”, con ya un importante número de mujeres jefas de familia o integradas a alguna actividad socioeconómica fuera del hogar, en los dos primeros meses de este 2020 -antes de que detonara la pandemia a nivel local- se presentaron más de 33,500 denuncias por el delito de violencia familiar, ¿alguien se ha preguntado qué podrá ocurrir una vez que familias que ya presentan problemas de violencia o síntomas o antecedentes,hayan pasado semanas en esta cuarentena encerradas en casa?
Es una pregunta válida, obligada y desprovista de cualquier instigación alarmista. Ahí están, para analizarla, los datos duros, la estadística que representa más que números, historias, personas, víctimas y agresores, causas penales y daños, algunos irreparables o irremediables, como el feminicidio o el homicidio, el maltrato de una menor o de un adolescente hasta la muerte.
Guanajuato es un estado que se ubica entre las cinco entidades del país con el mayor número de denuncias por estos delitos en esos dos primeros meses del 2020. Algo tendría qué preocuparle, pero más ocuparle esta parte del riesgo social para cientos de familias, particularmente para mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Entre enero y febrero (cifras analizadas por México Social) se iniciaron másde 1,600 carpetas de investigación por violencia familiar. Cito este dato como parte de un análisis realizado por México Social en el que también se mencionan otros delitos relacionados: el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar (dicho sea, el no pago de pensión alimenticia) por ejemplo, llevó a iniciar un promedio de 61.4 carpetas de investigación cada día de esos dos primeros meses del año.
Hay que dejar en claro que, tristemente, las crisis son también una oportunidad para el oportunismo y aquí políticos y funcionarios de varios partidos y niveles de gobierno enseñarán el cobre a la caza del voto.
Ya que el gobierno estatal busca anticiparse a cualquier medida de salud, atención médica o crisis económica que lance el gobierno federal, por auténtico sentido de la responsabilidad o por mera competencia política, bien podría estar ya ocupado en reforzar sus servicios de atención a denuncias y detección de casos, recomendaciones y alertas para las y los guanajuatenses que enfrentan, además de la pandemia, otros peligros en su propia casa.