México
El juez federal Jorge Armando Wong Aceituno rechazó haber sido sobornado para liberar al hijo del capo Jesús El Chango Méndez, ex líder y fundador de La Familia michoacana. Aseguró que nunca tuvo contacto con los abogados del presunto delincuente.
Sin embargo, la Procuraduría General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal iniciaron, cada una en sus ámbitos, una investigación para determinar si existe responsabilidad tanto del agente ministerial que consignó el caso, así como del juzgador que resolvió liberar a Jesús El Chuchín Méndez.
MILENIO publicó que el juez y un agente del Ministerio Público federal presuntamente fueron sobornados por los abogados de El Chuchín, quien se identificó con el nombre falso de Juan Carlos Gutiérrez Segura al momento de ser detenido.
En grabaciones telefónicas en poder de este medio, se escucha a litigantes haber utilizado 400 mil pesos y supuestamente entregar parte del dinero a los servidores públicos, con la intención de desvanecer pruebas y lograr la liberación.
No obstante, Wong envió una carta y negó estar relacionado en supuestos actos de corrupción y mucho menos haber tenido contacto con los abogados del hijo del capo.
El juez quinto de distrito de procesos penales en Uruapan, Michoacán, dijo que se puso a disposición del Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de la vigilancia y disciplina de los juzgadores federales, para que inicie cualquier investigación a fin de esclarecer los sucesos.
«Se han hecho públicas algunas versiones en las que litigantes involucran a mi persona en un supuesto acto de corrupción relacionado con la causa penal 3/2015, relativa a la puesta en libertad de diversas personas presuntamente implicadas en un enfrentamiento en el municipio de Apatzingán, Michoacán.
«Con toda claridad afirmo que tales señalamientos son falsos. No he tenido contacto ni personal ni telefónico con abogados que representan a los inculpados en el referido caso.
«Rechazo también haber solicitado o recibido beneficio económico a cambio de mis resoluciones.» Y agregó: «He asumido como práctica general que cuando un abogado pide audiencia, siempre me encuentro asistido por el secretario encargado del caso, a fin de que dé fe de la conversación, con lo que mi actuar siempre ha estado ajustado a lo establecido por la Carta Magna y a lo dispuesto por el Código de Ética Judicial, apegándome a todos y cada uno de los valores judiciales que ahí se resaltan», señaló.
Mientras, la Judicatura informó que inició un procedimiento de investigación administrativa contra el juez, por los hechos en que se le atribuye una probable conducta irregular.
«En el caso de que se encuentren elementos que presuman una conducta irregular, se dará paso al procedimiento de responsabilidad correspondiente, siempre dentro del marco de la ley y de las normas establecidas», indicó el órgano judicial.
PROCURADURÍA
La PGR señaló a MILENIO que la libertad decretada a Gutiérrez Segura fue en razón de que el delito por el que se le decretó formal prisión (portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas), no es grave y permite la libertad bajo caución.
Mientras que la decisión del juez, quien resolvió que el delito de asociación delictuosa no se configuraba, y que es grave, la apelaron, con el propósito de que un tribunal federal determine la legalidad del fallo.
«Además, esta procuraduría está llevando a cabo las diligencias correspondientes a través de su visitaduría general con el propósito de que quede plenamente acreditado que ningún Ministerio Público de la Federación haya recibido alguna dádiva en beneficio de algún particular», subrayó.
Gutiérrez, mencionó la PGR, fue detenido el pasado 6 de enero, luego de que un grupo de seis personas disparó contra elementos de la Policía Federal en Uruapan; al sitio llegaron soldados, quienes capturaron a los agresores y que después encontraron a 38 personas armadas cerca de la alcaldía, que también agredieron al personal castrense.
Por estos sucesos se inició la AP/PGR/MICH/M-III/008/2015 y consignó a los sospechosos.
El 14 de enero, se dictó formal prisión contra los detenidos, entre ellos a Juan Carlos Gutiérrez, pero solo por el delito antes mencionado.
LA CONVERSACIÓN
En las grabaciones, un abogado identificado como «El licenciado Nahúm» dice en una de las conversaciones que tuvo con Jaime Gutiérrez Escobedo, un traficante de armas que ha operado para La Familia, Los Valencia y Los Caballeros Templarios, que las autoridades «no saben» que Juan Carlos es El Chuchín Méndez.
Y que por eso le pidió a Roberto (Contreras Betancourt), su yerno, «que no vayan a comentar nada ni decir nada», porque el Ministerio Público le preguntó: «¿oye, tú no sabes quién es el hijo de El Chango Méndez? Ni madres (le) dije».
DIVERSAS IDENTIDADES
El real, el alias y el ficticio. Como a muchos otros integrantes de dinastías criminales, al hijo de Jesús Méndez, El Chango, fundador de La Familia michoacana, quien se encuentra en el centro de una trama de corrupción judicial, se le conoce de muchas formas. Algunos le llaman El Chuchín. Otros, los más, le dicen El Cebollón. Últimamente ha comenzado a ser identificado como El León Rapado.
No solo sus alias son variados, también los nombres que utiliza. Fuentes federales lo identifican como «Jesús Méndez, júnior» y «Juan Carlos Méndez». En llamadas telefónicas interceptadas, sus abogados se refieren a él con el nombre falso que dio en el penal de máxima seguridad de Tepic para eludir la detección federal: «Juan Carlos Segura Martínez». Lo que no está en duda es su parentesco con El Chango Méndez, que encabezó la toma de la alcaldía de Apatzingán y que tenía planes a futuro. Desde hace varios meses atrajo la atención de agencias de seguridad e inteligencia como una figura que aprovechó el movimiento de autodefensas para tratar de ascender en el mundo del hampa michoacana.
INFORMACIÓN: http://www.milenio.com/
