GUANAJUATO, GTO A 27 DE MARZO DE 2025.- El Pleno del Congreso de Guanajuato emitió un exhorto al Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar la candidatura a magistrado por el Décimo Sexto Circuito del exregidor y asesor morenista Óscar Aguayo Arredondo, juzgado por fraude en agravio del propio Poder Legislativo local en 2022.
El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por la diputada Susana Bermúdez Cano y fue suscrito por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El punto cita una solicitud de acceso a la información ciudadana, ingresada hace dos semanas, en la que se cuestionó al legislativo el estatus del proceso penal en contra del ex asesor.
“No podemos permitir que personas sin las cualidades mínimas sean las responsables de impartir justicia en detrimento del servicio público (…) La ciudadanía no merece impartidores de justicia corruptos, que no cumplan con los requisitos constitucionales como gozar de honestidad y buena fama pública” , sostuvo la diputada Susana Bermúdez en tribuna.
Óscar Aguayo Arredondo fue asesor del primer diputado de Morena en Guanajuato, David Alejandro Landeros, quien llegó por la vía plurinominal en el periodo de 2015 a 2018. Durante su paso por el legislativo, Aguayo Arredondo utilizó su cargo para registrar de forma ilegal a excompañeros de la universidad en el Sistema de Administración Tributaria y así emitir facturas falsas al Congreso a nombre de empresas apócrifas. El monto del daño al legislativo asciende a 237 mil pesos.
“Toda persona tiene derecho a que se le administre una justicia, pronta, completa e imparcial, de ahí la importancia de que se garantice la idoneidad de las personas candidatas que participan en las distintas etapas del proceso electoral extraordinario 2024- 2025 de las personas juzgadoras de nuestro país”, agregó Bermúdez Cano.
El juicio contra el ex asesor parlamentario concluyó en 2022 con un acuerdo reparatorio, en el que se comprometió a reintegrar en cuatro pagos la cantidad sustraída de las arcas del Congreso en cuatro parcialidades.
No obstante, dentro de los requisitos de elegibilidad establecidos por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, en su punto número V, establece que el postulante “deberá gozar de buena reputación y no haber sido condenada o condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad. Para el caso de Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.
El punto de acuerdo fue aprobado por la mayoría del legislativo, con 11 votos en contra correspondientes a la bancada morenista.
