GUANAJUATO, GTO. 25 DE MARZO 2025.- Por la desaparición y muerte de Natalia Pelcastres, elemento de la Guardia Nacional, y Julián Torres, capitán de la Defensa, fue vinculado a proceso Aarón alias “80”.
Este martes en una larga audiencia registrada en los juzgados del Poder Judicial Federal en Guanajuato capital, el juez determinó urgentes medidas de protección para una menor de 14 años de edad, -testigo clave en el caso-, y dictó prisión preventiva para el imputado en el penal federal de Ocampo por el presunto delito de desaparición forzada.
Como plazo de investigación complementaria, se establecieron 3 meses para que la Fiscalía pueda desahogar el caso en una siguiente audiencia.
Fue el 15 de febrero, cuando los dos militares en su día de descanso, se encontraban en la zona de restaurantes La Angostura ubicada en el municipio de Yuriria.
De acuerdo a lo comentado en la audiencia pública a la que pudieron ingresar los periodistas, el “80” acompañado de otros cuatro hombres, entre ellos uno identificado como “Tony”, se acercaron a Natalia y a Julián para amenazarlos, someterlos y subirlos por la fuerza en una camioneta CRV gris.
Tras ser reportados como desaparecidos, 20 días después, el 7 de marzo los cuerpos sin vida de ambos militares fueron encontrados en el Cerro del Coyontle, en Yuriria.
El testimonio de una niña de 14 años, única testigo del momento en que se llevaron a la elemento de la Guardia Nacional y al Comandante de la Defensa, derivó la investigación de la Fiscalía de Guanajuato, bajo la causa penal 131/2025 y la detención de Aarón, de su pareja y sus hijos el 21 de febrero en Loma de Zempoala, otra comunidad de Yuriria.
En el lugar donde fue detenido el “80”, se encontraron drogas y el teléfono negro marca samsung propiedad del capitán asesinado.
Por la pocesión de drogas, se derivó un nuevo expediente bajo la causa penal 22235/2025.
Entre lo expuesto ante el juez, se informó que del 15 al 21 de febrero, del celular del capitán de la Sedena y la elementos de la GN se enviaron mensajes que no correspondían a ellos, ni su voz, ni coherencia.
Tras una serie de situaciones, en los que, pese a que desde la primer audiencia el juez había dictado resguardo y protección de la testigo, la defensa del “80” investigó y entrevistó por cuenta propia a la joven y a su familia.
Ante esto el juez criticó la falta de protección de la menor de 14 años y su familia, pieza clave en la acusación, por lo que solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas para asignar representantes legales al testigo y su familia, así como gestionar su reubicación. Además, ordenó medidas de seguridad por parte de la Policía Federal durante los próximos seis meses debido a la naturaleza del caso.
