Por agresión a reporteros, Derechos Humanos pide la disculpa pública del Secretario de Seguridad

La recomendación establece que los derechos humanos de los dos periodistas sí fueron violentados por dos policías hombres y una mujer policía

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CELAYA, GTO. 21 DE FEBRERO 2023.-La Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PRODHEG), determinó que sí hubo violación a los derechos humanos de dos reporteros de Informativo Ágora, cuando fueron golpeados y amagados por 3 policías municipales de Celaya, por lo que emitió una recomendación que ordena una disculpa pública de parte del Secretario de Seguridad.

La resolución emitida ayer 20 de febrero, se deriva de la queja 952/2022-C, presentada tras los hechos registrados el 12 de agosto del 2022, cuando ambos reporteros se encontraban documentando la quema de vehículos en el municipio de Comonfort. 

La recomendación va dirigida al Secretario de Seguridad de Celaya, Jesús Rivera Peralta, y señala violaciones a los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal de los periodistas

“Conforme a lo expuesto en hechos ya lo señalado en la presente resolución, quedó acreditada la violación a los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal de Avelina y Miguel por parte de las personas servidoras públicas adscritas a la DGPM David Abraham Morales Sapien, José Alfredo González Hernández y Mayra Méndez González”, cita el documento.

De aceptar la recomendación, el Gobierno Municipal a través del Secretario de Seguridad deberá realizar las acciones necesarias para lograr la reparación integral del daño generado.

El resolutivo incluye todo el recuento de hechos, en donde incluso se señala que los policías negaron la agresión; el elemento preventivo que golpeó en la cara al reportero, afirmó que Miguel “chocó con su brazo”.  

“Sin embargo, David Abraham Morales Sapien en su declaración ante esta PRODHEG, dijo que portando su linterna se acercó a Miguel García Lemus y le dio la indicación de retirarse del lugar, percatándose de que estaba grabándolo con su teléfono móvil, y posteriormente, la persona quejosa se acercó a él y chocó contra su brazo (con la que delimitaba su espacio de seguridad), lo que ocasionó se cayera el teléfono móvil de Miguel García Lemus”, cita el documento.

De los otros dos policías, uno dijo que él nunca vio agresión a los reporteros  y la mujer que sometió a la reportera, a la cual le provocó una contractura, dijo que también chocó con su brazo.

“Por su parte, José Alfredo González Hernández señaló ante esta PRODHEG que no observó ninguna agresión hacia las personas quejosas; mientras que Mayra Méndez González reconoció ser la voz femenina del video pidiéndole a Avelina apagara su teléfono, y dijo que la persona quejosa chocó con su brazo derecho, el cual sólo había extendido para que se retirara y delimitar su límite personal”.

Los tres policías municipales fueron desmentidos y con la videograbación de los hechos realizada por los periodistas, se constató que los policías mintieron pues se evidencia que pretendían impedir la labor periodística de las personas quejosas con las siguientes acciones documentadas:

1) Enfocar al celular de Miguel con su linterna para deslumbrarlo e impedir una imagen clara de lo videograbado; 

2) Impedir la videograbación a ambas personas quejosas mediante empujones e instrucciones verbales; 

3) Amenazar a Miguel con detenerlo y subirlo a un vehículo al usar el término «te trepo»; y 

4) Dañar el teléfono celular de Miguel con el que realizaba la videograbación; como se aprecia en las siguientes imágenes.

Además del pago del celular que se dañó y el cual ya se realizó ante el Ministerio Público, el gobierno debe reconocer el abuso de los policías que -sin justificación- agredieron a los reporteros cuando realizaban su trabajo en otro municipio distinto al de su jurisdicción. 

La autoridad a quien se dirige esta resolución deberá emitir una disculpa pública dirigida a Avelina y Miguel, donde se reconozcan los hechos, y se acepte la responsabilidad de lo sucedido”, cita el oficio SG/395/2023.

También se señalan las “medidas de no repetición”, en donde se establece que el gobierno encabezado por Javier Mendoza Márquez, deberá “adoptar todas las medidas legales y administrativas correspondientes” para que los tres agentes implicados sean capacitados en el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y al adecuado uso legítimo de la fuerza.

Sin que se contemple despedir o dar de baja a los policías que golpearon y sometieron a los periodistas, la Procuraduría  emite los siguientes resolutivos.

PRIMERO. Se otorgue una compensación a las personas víctimas Miguel y Avelina, de conformidad con lo señalado en la presente resolución.

SEGUNDO. Se otorgue atención psicosocial a Miguel y Avelina, en los términos señalados en esta resolución.

TERCERO. Se emita una disculpa pública dirigida a Miguel y Avelina, de acuerdo con los términos señalados en la presente resolución.

CUARTO. Se instruya a quien corresponda que se entregue un tanto de esta resolución, y se integre una copia al expediente personal de las personas servidoras públicas que participaron en los hechos materia de esta resolución.

QUINTO. Se giren las instrucciones que correspondan, para que se imparta una capacitación dirigida al personal operativo que participó en los hechos materia de la presente resolución, de conformidad con lo señalado en la consideración. 

SEXTA. La autoridad a quien se dirige la presente resolución de recomendación, deberá informar a esta PRODHEG si la acepta en un término de cinco días hábiles siguientes a su notificación, y en su caso, dentro de los siguientes quince días naturales, aporte las pruebas de su debido y total cumplimiento.

Ágora documentó que después de la agresión los policías golpeadores siguieron laborando de manera normal y con su sueldo íntegro. Oficialmente el municipio no ha informado de alguna sanción.

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