El pasado 1 de noviembre el Consejo de representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) acordó un aumento del 22 por ciento al nivel del salario mínimo para el 2022. Con el respaldo de las representaciones de los trabajadores, patrones, empresarios y gobierno, a partir del 1 de enero del 2022, el salario mínimo aumentará de 141.7 a 172.87 pesos al día.
El incremento del salario mínimo, en términos porcentuales, luce muy atractivo pues se encuentra casi 15 puntos por encima de la tasa esperada de inflación anual, lo cual supone la recuperación del poder adquisitivo del ingreso de las y los trabajadores mexicanos. Al cierre del tercer trimestre del 2021, 13.8 millones de trabajadoras y trabajadores en México ganan como máximo solo el equivalente a un salario mínimo.
La Pandemia por COVID-19 trajo como efecto que entre marzo del 2020 y septiembre del 2021, un millón 440 mil personas redujeran su ya de por sí precario ingreso de dos a un salario mínimo. Desafortunadamente se observó un incremento del 12 por ciento en el segmento de personas ocupadas que ganan como máximo el equivalente a un salario mínimo, es decir 4 mil 251 pesos al mes.
Este grupo de trabajadoras y trabajadores verá aumentar de forma directa su ingreso laboral y con ello recuperarán poder adquisitivo. Sin embargo, por respeto a la compleja situación de estas familias, debemos de ser cautelosos al ‘festejar’ el incremento aprobado por la CONASAMI; le explico a continuación.
De acuerdo al reporte Clasificando la clase media en México, publicado en noviembre del 2021 por el INEGI, un hogar de ‘clase baja’ en el país tiene en promedio 3.9 integrantes. Por otro lado, el CONEVAL señala que, al mes de octubre del 2021, el valor de una canasta básica es de 3 mil 843 pesos por persona. Ello implica que, una familia promedio de clase baja, requeriría de 14 mil 987 pesos para lograr que todos sus integrantes puedan consumir, por lo menos, el equivalente a una canasta básica al mes.
El salario mínimo mensual del 2022 será de 5 mil 186 pesos, lo que significa que este ingreso no permitiría, ni siquiera a una pareja, tener acceso al consumo de por lo menos una canasta básica al mes si solo un integrante de la familia estuviera ocupado. Si suponemos que dos miembros de la familia trabajan y ambos acceden a un salario mínimo al mes, entonces 2.6 miembros de la familia podrán acceder a la canasta básica. ¿Y el resto de los miembros de una familia promedio de 3.9 integrantes con qué habrán de satisfacer sus necesidades básicas?
El hecho de que el ingreso de una familia no sea suficiente para acceder al consumo de por lo menos una canasta básica al mes significa que no todos sus integrantes podrán ingerir los requerimientos mínimos nutricionales ni tendrán acceso a transporte público, cuidado personal, educación, salud y vivienda, entre otros bienes y servicios básicos. De ese tamaño es la tragedia por la que solicité respeto líneas arriba.
Es necesario dimensionar los efectos que ello trae en la falta de salud, tanto física como mental de las personas, la ausencia de desarrollo integral de los individuos, la insatisfacción de necesidades básicas inherentes al ser humano y la descomposición familiar y social que todo ello implica.
Considerando que dos integrantes de la familia se ocupen, el aumento del 22 por ciento al salario mínimo, aún deja una brecha del 31 por ciento para que todos los integrantes de una familia promedio de ‘clase baja’ puedan acceder a por lo menos el consumo de una canasta básica al mes. La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) se ha posicionado al respecto, fijando el objetivo de que para el 2024 se termine con esta brecha, lo que manda señales sobre los posibles incrementos salariales en México en los próximos dos años.
Y desgraciadamente, aún hay más. La oferta de servicios públicos debería de tener la capacidad de satisfacer, a través de transferencias, las necesidades no cubiertas en las familias cuyo ingreso no les permite autonomía en la satisfacción de dichas necesidades. Sin embargo, entre el 2018 y el 2020, la cantidad de personas con carencias por acceso a la salud aumentó en 78 por ciento y la cantidad de mexicanas y mexicanos con carencias por alimentación nutritiva y de calidad, así como las personas con rezago educativo, aumentaron en 4 por ciento. El sistema de transferencias a las familias más vulnerables, implementado en este período, no resultó eficiente; probablemente porque su diseño nunca tuvo como objetivo llenar estómagos vacío, sino más bien, llenas urnas con votos.
Resulta una frívola política de combate a la pobreza aquella que no contempla mecanismos para lograr una mayor competitividad laboral. El incremento al salario mínimo es importante, midiendo los riesgos que ello tiene en la inflación y los niveles de empleo, pero más potente es aún el incremento en la productividad de las y los trabajadores para generar mayor aspiraciones salariales. Una desgracia que ello no esté en el radar de la política de desarrollo económico y social en México.
Combatir la pobreza solo con incrementos al salario mínimo, sin apuntalar la productividad del trabajo, es tanto como querer apagar el fuego de la inflación con gasolina. Es necesario que sea la productividad laboral la que neutralice el riesgo de que el incremento salarial se traduzca en mayor inflación, pues si no se logra contener el descontrolado crecimiento de los precios que se observa hoy en el país, entonces de poco servirá el incremento al salario pues no se verá reflejado en el poder adquisitivo de las familias.
La virtud del justo medio
El derecho social a satisfacer necesidades básicas es una deuda histórica con las familias más vulnerables del país. El 24.7 por ciento del total de las personas ocupadas en México gana como máximo el equivalente a un salario mínimo; resulta una ficción aspirar a la paz social cuando 66.8 millones de mexicanas y mexicanos se duermen cada noche con hambre.
Foto: El Contribuyente
