Reducir el análisis de los efectos de la COVID-19 al número de contagios, de decesos y de exceso de mortalidad, resulta simplista e implica cometer un grave desacierto histórico. De caer en ello, como ocurre en México, el recuento de los daños conduce exclusivamente a generar esfuerzos para evitar la transmisión de contagios, aumentar la detección temprana de la enfermedad para reducir la mortalidad y avanzar en el porcentaje de población vacunada. Así, se permite el infortunio de dejar a un lado acciones fundamentales para la resiliencia social que se deberían de estar diseñado e implementando para abordar con una visión amplia y periférica todos los efectos sociales de la crisis.
El exceso de mortalidad asociado a la COVID en México se acerca a las 430 mil personas; más allá de la estadística se encuentra la tragedia social después del novenario. Derivado de estas muertes, más de 203 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos perdieron a su cuidador principal o secundario. Según el portal de divulgación científica The Lancet, en México se observó la mayor orfandad de todo el Mundo a causa de la Pandemia. Ellas y ellos requieren de soporte para su manutención, apoyo psicológico o psiquiátrico, requieren que se les proteja de la vulnerabilidad de su contexto y que se les garanticen sus derechos; rescatarlos es una obligación moral, aunque hoy ni una vacuna se les haya ofrecido.
Quedar en la orfandad compromete la viabilidad de la construcción del proyecto de vida de quien sufre esta condición, pero no es la única. En el ciclo escolar 2020-2021, de acuerdo al INEGI, 5.2 millones de estudiantes abandonaron las aulas, 656 mil de ellos lo hicieron apenas en sus primeros años de estudio, es decir, en primaria. En todos los casos se reconoce que la decisión de detener los estudios se basa en motivos asociados a la COVID o por falta de recursos económicos. En un año, el Coronavirus condicionó de por vida a más del 4 por ciento de la población mexicana al disminuir su capacidad de empleabilidad y sus aspiraciones salariales, las cuales están estrechamente relacionadas con el número de años de estudio.
Y ya que hablamos de empleabilidad, se discute mucho sobre el número de empleos perdidos en el 2020, los cuales ascendieron a 648 mil fuentes de trabajo formales inscritas ante al Seguro Social, pero no se ha discutido lo suficiente que no solo se perdieron esos empleos, sino que además se dejaron de crear 1.2 millones de nuevas fuentes de trabajo para dar cabida en la planta productiva a quienes mes tras mes se insertan en las filas de la Población Económicamente Activa. Actualmente, el déficit en la generación de empleos es de 2 millones de fuentes, considerando que los trabajos creados en lo que va del 2021 apenas cubren las fuentes de trabajo perdidas en el 2020. Al cierre de septiembre del presente año, la población desocupado en busca de un empleo es de 2.7 millones de mexicanos; mismo número de familias que no cuentan hoy con un sustento suficiente ni con prestaciones mínimas de seguridad social.
El desempleo, entre otras causas asociadas a la COVID, generaron un incremento en el número de personas en situación de pobreza en México; de acuerdo a la medición del CONEVAL, al cierre del 2020 habían 55.5 millones de mexicanos sufriendo esta condición, 3.8 millones más que en el 2018. De ellos, 10.7 millones sufren la situación de pobreza extrema, 2 millones de mexicanos más de quienes la sufrían en el 2018. La vacuna contra la pobreza no es un biológico inyectable, pero el discurso político parece ignorarlo.
La evolución demográfica también se vio impactada por la crisis sanitaria. En México, en el 2020 se registró la menor cantidad de nacimientos en por los menos los últimos 35 años, con una reducción del 22 por ciento con respecto a los nacimientos registrados en el 2019. Ello traerá efectos en la velocidad con la que la pirámide poblacional se ensancha acelerando el proceso de envejecimiento de la población en un país que no está preparado para ofrecer calidad de vida a las personas de la tercera edad. Carecemos de temas como la infraestructura urbana amigable con los adultos mayores, centros de estancias para su atención o transporte para personas con movilidad reducida, hasta temas mucho más básicos como la viabilidad del sistema de pensiones o la oferta pública de servicios médicos para ellas y ellos. México aún necesita ampliar el bono demográfico para evitar el envejecimiento acelerado de la población y la Pandemia se está robando una parte de ese bono. ¡Como si a este país no lo hubiesen robado ya lo suficiente!
Justo en el tema de la evolución demográfica nos encontramos con otro efecto crítico de la COVID. De acuerdo a García y Beltrán, en su artículo publicado en Canadian Studies in Population, la esperanza de vida al nacer en México se redujo, a causa de la Pandemia, en 2.5 años para las mujeres y 3.6 años para los hombres. Pero hay entidades donde la reducción de la esperanza de vida al nacer es aún más escandalosa. En el caso de las mujeres, la reducción es de más de 4 años en Baja California y para el caso de los hombres la reducción es de casi 6 años en la Ciudad de México, 5 años en Baja California y casi 5 años en Quintana Roo, Estado de México y Chihuahua. Se nos ha reducido la esperanza, incluso la de vivir más.
Y aunque en esperanza de vida la COVID golpeó más a los hombres, en el tema de violencia las mujeres se vieron sensiblemente afectadas. En los meses del aislamiento social más profundo, de marzo a mayo del 2020, la incidencia de delitos relacionados con violencia de género aumentó 39 por ciento con respecto al mismo periodo del 2019. Las heridas causadas a las mujeres, no solo físicas sino también psicológicas y contra la dignidad humana, no las detecta ninguna prueba de anticuerpos.
Es así como podríamos seguir, desafortunadamente, compartiendo más de los daños colaterales causado por la COVID. Dejo solo los anteriores como ejemplo y constancia de que esta Pandemia a nadie le pudo caer “como anillo al dedo”.
La virtud del justo medio
Venga un amplio reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan cada día de subsanar las debilidades en la atención de grupos con necesidades particulares. Les podrán quitar la deducibilidad a sus donantes pero nunca podrán legislar en contra de la voluntad de ser y hacer.
