Históricamente la corrupción ha sido un constante flagelo que ha dañado a la sociedad mexicana, a su estructura y su construcción cultural. Una de sus más escandalosas expresiones se ha manifestado en la clase política, la que ha ejercido el poder y ha hecho uso de los recursos públicos sin pudor alguno. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto los escándalos de corrupción alcanzaron niveles sin precedentes; el hartazgo embargó al electorado y el discurso de López Obrador se convirtió, para millones, en una luz al final del túnel. Pero la realidad nos ha vuelto a alcanzar.
El pasado mes de junio la ‘Americas Society Council of the Americas’, en conjunto con la consultoría global ‘Control Risk’ publicaron la quinta edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC). Como cada año, en la edición 2023, el índice evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción. De acuerdo con su metodología, “se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados. La impunidad continua es más probable en los países situados en el extremo inferior de la escala”.
El índice CCC evalúa 14 variables, agrupadas en tres categorías, entre las que se examina “la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y la cantidad de recursos disponibles para combatir la delincuencia de cuello blanco”. En la edición 2023, tal y como se ha hecho desde el 2020, el índice CCC evalúa 15 países de Latinoamérica; en términos generales, los países mejor evaluados en la edición 2023 fueron Uruguay, Costa Rica, Chile y Perú. Los peor evaluados resultaron México, Guatemala, Bolivia y Venezuela.
Dos países han disminuido su puntuación año con año, desde que se comenzó a publicar el índice CCC en 2019, reflejando una pérdida constante en su capacidad de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. Decepcionantemente, uno de ellos es México; el otro es Guatemala.
México ha disminuido su puntuación en el índice, entre el 2019 y el 2023, en un 16.8 por ciento. En la categoría de ‘capacidad legal’, el índice evalúa la independencia y eficiencia judicial y de los organismos anticorrupción, el acceso a la información pública y la transparencia general del gobierno, la independencia y recursos asignados a la Fiscalía General y agentes de investigación, el nivel de conocimientos y recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco, la calidad de los mecanismos de denuncia y el nivel de cooperación internacional en materia de orden público. En esta categoría, México es el cuarto país con menor capacidad y ha perdido, entre el 2019 y el 2023, un 16.8 por ciento en su puntuación.
En todas las variables que integran la categoría de ‘capacidad legal’, México se encuentra por debajo de la media de los 15 países evaluados, excepto en la variable de ‘acceso a la información pública y transparencia general del gobierno’. Sin embargo, y dada la parálisis en la que se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales desde abril del presente año por la falta de nombramiento de un Comisionado o Comisionada por parte del Senado de la República, se espera que esta variable, que hasta hoy se constituía como una fortaleza, sufra un profundo deterioro en perjuicio de la capacidad del país para combatir la corrupción.
Por otro lado, en la categoría de ‘democracia e instituciones políticas’, México ocupa la posición décimo segunda entre los 15 países evaluados. Esta categoría mide la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre el financiamiento de campañas electorales, la calidad de los procesos legislativos y de gobierno y la calidad general de la democracia en el país. En las tres variables, México se encuentra por debajo del promedio de los países evaluados; entre el 2019 y el 2023, el país ha disminuido su puntuación en esta categoría en un 19.9 por ciento. Particularmente, en la variable de ‘calidad de los procesos legislativos y de gobierno’, México ocupa la última posición entre los15 países latinoamericanos incluidos en el estudio.
Finalmente, en la categoría de ‘sociedad civil y medios de comunicación’, México es el quinto país con la más baja puntuación, mostrando entre el 2019 y el 2023 un retroceso del 13.1 por ciento. Esta categoría evalúa la movilización de la sociedad civil para combatir la corrupción, las mejoras en la educación, la calidad de la prensa y del periodismo de investigación y la presencia de comunicaciones digitales y redes sociales. En el país, todas las variables de esta categoría se muestran por debajo del promedio de los 15 países evaluados, con excepción de la variable ‘calidad de la prensa y del periodismo de investigación’, variable en la cual, entre todas las que conforman el índice CCC, México muestra la mejor puntuación.
Coincidentemente con el índice CCC, el Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023 del ‘World Justice Project’ señala deterioros en la capacidad que muestran las entidades federativas del país para combatir la corrupción en el gobierno, incluyendo sobornos, influencias inapropiadas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos. La evidencia es contundente; quimioterapias de agua, casas grises y blancas, estafas maestras, la SEGALMEX de Ovalle, el Odebrecht de Lozoya, la vergüenza de García Luna, los sobre amarillos y un largo etcétera que nos obliga a preguntarnos, ¿se ha hecho endémica la corrupción en México?
La virtud del justo medio
Resulta, sin lugar a dudas, altamente meritorio el trabajo y la aportación al combate a la corrupción de las y los periodistas mexicanos. La prensa y el periodismo de investigación son, de acuerdo al análisis de las variables que integran el índice CCC, los elementos que más contribuyen a combatir y evitar la corrupción en México. Ello se da en un contexto en el que, de acuerdo al propio estudio, “los periodistas mexicanos siguen enfrentándose a condiciones de trabajo adversas, incluida la tasa de violencia contra periodistas más alta del mundo fuera de Ucrania”.
