Ni menos corrupción, ni menos pobres; la realidad más allá del discurso.

el justo medio 1200 x 780

La construcción mediática de un gobierno que sacrifica todo a cambio del combate a la pobreza y a la corrupción encuentra justificaciones naturales. ¿Quién en su sano juicio no añora un país con mayor justicia social, con un crecimiento sostenido en el nivel de vida de todas y todos sus ciudadanos, con gobiernos que combatan de frente las prácticas de corrupción que por años nos han azotado? Sería insensato no estar de acuerdo con estas aspiraciones; y no solo ello, sino que sería altamente cuestionable el no contribuir con un gobierno que abanderara estas causas y se legitima con los resultados logrados.

Nos han dicho que no hay medicinas, porque así se combate la corrupción. No hay tratamientos de alta especialidad porque así se combate la corrupción. No hay escuelas de tiempo completo porque así se combate la corrupción. No hay recursos para las entidades federativas y los municipios porque así se combate la corrupción. No hay fondos para atender desastres naturales ni procurar la estabilidad financiera porque así se combate la corrupción. No hay fuerzas civiles de seguridad pública federal porque así se combate la corrupción.

Pero hoy el país se encuentra sin medicinas, sin tratamientos de alta especialidad, sin escuelas de tiempo completo, sin recursos participables para estados y municipios, sin fondos para contener emergencias, sin una policía federal de corte civil, pero al mismo tiempo hay más corrupción en el gobierno que la que existía antes del 2018.

De acuerdo al reporte ‘Índice de Estado de Derecho 2021’ del World Justice Project, México ocupa la posición 135 entre 139 países evaluados en el factor de ‘ausencia de corrupción en el gobierno’, uno de los ocho factores que conforman el índice.

Según lo que señala el World Justice Project, el ‘Índice de Estado de Derecho’ es la evaluación más completa del estado de derecho en el mundo, y es la única medición que se construye con datos primarios que reflejan la perspectiva y experiencia de las personas en su vida cotidiana. La del 2021 es la décima edición del índice; del 2017 a la fecha los resultados han sido persistentemente adversos para México. En el factor ‘Ausencia de corrupción’, que mide la capacidad de combatir la corrupción en el gobierno a partir del combate a prácticas de sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos u otros recursos, México ha mostrado importantes deterioros en los últimos años.

En el 2017, el país obtuvo un índice 0.31 y ocupó la posición 102; en el 2019 el índice bajó a 0.29 y ocupó la posición 117. En el 2020 el índice mostro una caída que lo llevó a 0.27 ubicando a México en la posición 121 y en la última edición, la del 2021, el índice volvió a caer a 0.26 y el país se ubica ya en la posición 135 de 139 países. Solo los gobiernos de Uganda, Camerún, Camboya y República Democrática del Congo resultaron con menor corrupción que el gobierno de México. Entre el 2017 y el 2021, el índice de ausencia de corrupción en el gobierno se ha reducido en 16 por ciento en México. No es mi opinión, son los datos duros que pueden ser consultados en la siguiente liga: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INDEX-21.pdf

El ‘Índice de Estado de Derecho 2021’ afirma que, entre todo el aparato de gobierno, la mayor corrupción se observa en el poder legislativo, seguido de la Policía y el Ejército, y en tercer lugar el poder ejecutivo y judicial. En todos los casos, la corrupción en México resultó sensiblemente mayor a la del promedio de países en Latinoamérica, ubicándolo como el país con mayor corrupción gubernamental en la región, por arriba de Bolivia y Haití quienes también forman parte del deshonroso grupo de los diez países con mayor corrupción en el gobierno.

Y una cosa lleva a la otra; en el combate a la pobreza los resultados evidencian un monumental fracaso de la actual administración. El número de mexicanas y mexicanos que en el 2018 sufrían de condición de pobreza era de 51.9 millones; en el 2020, el número de personas pobres había aumentado ya en 3.7 millones; de ellos 2.1 millones se incorporaron al sector de población que sufre de pobreza extrema. Y, desafortunadamente, aún hay más.

El pasado 6 de junio la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidades, publicó el estudio ‘Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania: ¿cómo debe afrontar la región esta nueva crisis?’ En él, se advierte que las proyecciones sobre los niveles de pobreza en México se están deteriorando y que, para el cierre del 2022, entre 1.3 y 2.5 millones de mexicanas y mexicanos se estarán sumando a las  filas de la población pobre. Ello implica que, en lo que va de la actual administración, habrán de ser ya alrededor de 6 millones de personas adicionales en situación de pobreza en el país.

Ante el embate de la verborrea solo nos queda el análisis serio de los datos duros. En el país, a medida que se acerca el proceso electoral del 2024, se intensificarán las construcciones mediáticas de una realidad paralela, inexistente y cruel. Apelar al buen juicio y al rechazo a la cosecha de odio sembrado sistemáticamente desde las ‘tempraneras’ será crucial para seguir construyendo la madurez de una democracia aún insipiente. Que así sea.

La virtud del justo medio

Uno de los ocho factores que mide el ‘Índice de Estado de Derecho 2021’ del World Justice Project  es la situación de los derechos fundamentales del ser humano. El factor mide una serie de derechos que están claramente establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y que están estrechamente relacionados con el estado de derecho. México ocupa la posición 91 entre 139 países, con un índice que se ubica debajo del índice de países como Ruanda, El Salvador, Sierra Leona, Belice o Sri Lanka. Vaya desesperanza.

 

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