Avanzar en el combate a la pobreza es tal vez la agenda de política pública más añeja en el México posrevolucionario; de forma real o simulada, con diferentes enfoques y diferente intensidad, sexenio tras sexenio, se afirma que se pelea la batalla contra las causas estructurales que generan la pobreza. El resultado histórico está lejos, muy lejos, de ser el aceptable; las consecuencias de la ineficiencia mostrada por la clase política del país, hoy nos cobra una dolorosa factura. Las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en condición de pobreza se enfrentan a la Pandemia con todos los pronósticos en su contra y sin una vacuna a su favor.
El portal de divulgación científica ‘The Lancet’ publicó en su edición de enero del 2022 la investigación “Impacto de los factores ambientales e individuales en la mortalidad por COVID-19 en niños y adolescentes en México: un estudio observacional”, el cual tiene como objetivo evaluar los posibles factores ambientales e individuales que se asocian con la mortalidad por COVID-19 en la población mexicana de 0 a 19 años diagnosticada con la enfermedad entre marzo del 2020 y junio del 2021.
La investigación evidencia la presencia de características sociales e individuales que determinan el riesgo de muerte asociada a la COVID-19; por un lado, características que nacen por la vulnerabilidad social y, por otro, factores personales como las comorbilidades. En todo caso, los hallazgos de la investigación confirman lo que muchos ya podíamos suponer; la desigualdad social en México ha sido determinante en el nivel de mortalidad de niñas, niños y adolescentes, lo cual bajo cualquier perspectiva resulta desgarrador. Niñas, niños y adolescentes se están muriendo de COVID-19 por ser pobres; de ese tamaño es la tragedia.
En el estudio mencionado, se analiza la relación existente entre el nivel de rezago social en la entidad en la que se encontraban las y los contagiados y la ocurrencia de muerte. Para ello, los autores utilizan el Índice de Rezago Social (IRS) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el cual se construye a partir de la medición de variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de bienes con los que se cuenta en el hogar.
Hoy existe evidencia de que una niña, niño o adolescente mexicano que sufre de alguna de las siguientes condiciones tienen mayor probabilidad de perder la batalla frente a la COVID-19, en comparación con uno que no la sufra: analfabetismo, abandono escolar, no contar con primaria terminada, vivir en una casa con piso de tierra, no tener excusado o servicio sanitario, no contar con servicio de agua potable en la vivienda, no disponer de drenaje, no contar con servicios de electricidad en la vivienda, o no tener acceso a equipos como refrigerador y lavadora.
Derivado de los hallazgos del estudio y analizando simultáneamente la información del IRS del CONEVAL, podemos decir que las niñas, niños y adolescentes de 9 entidades federativas hoy muestran de forma alarmante factores de rezago social que podrían comprometer su recuperación ante un posible contagio de COVID-19, los cuales se mencionan a continuación en orden de mayor a menor vulnerabilidad: Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán y Campeche. En estas 9 entidades el nivel de rezago social, según la clasificación del CONEVAL, es alto o muy alto.
Por otro lado, la investigación encuentra que la desnutrición está asociada con una mayor probabilidad de morir por causas relacionadas con la COVID-19 en la población de entre 0 y 19 años de edad. De acuerdo al CONEVAL, 9.7 millones de niñas, niños y adolescentes en México sufren carencias por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, lo que, según lo señalado en la investigación, los deja en mayor estado de vulnerabilidad para sobrevivir a un contagio de COVID en comparación con quienes no sufren de esta condición. Las entidades con mayor porcentaje de población con estas carencias son, en orden de mayor a menor prevalencia, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla.
Las preguntas son obligadas, ¿se ha diseñado alguna estrategia para contrarrestar el nivel de riesgo de muerte por Coronavirus en las zonas de mayor rezago social en el país?, ¿se ha generado en algún momento de la Pandemia un enfoque de subsidiariedad con la población más vulnerable por pobreza?, ¿han sido suficientes las estrategias para generar mecanismos compensatorios para la población infantil y adolescente de mayor nivel de riesgo de muerte por COVID? Las respuestas a estas preguntas, me parece, deberán de integrarse en el expediente de investigación en contra del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el ‘zar’ mexicano anti COVID.
Además de los factores sociales que presenta la investigación, existen otros de naturaleza personal que aumentan la probabilidad de muerte asociada a la COVID-19 en niñas, niños y adolescentes mexicanos. Las comorbilidades asociadas a muerte más frecuentes son: pacientes con inmunodepresión, hipertensión, enfermedades renales crónicas, diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, asma y EPOC.
Por su alta prevalencia entre la población mexicana y la relación con otras comorbilidades, merece la pena analizar la cantidad de niñas, niños y adolescentes que sufren la condición de sobrepeso y obesidad en el país. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, en México el 8.4 de las niñas y niños entre 0 y 4 años presenta sobrepeso u obesidad. El 38.2 de las niñas y niños entre 5 y 11 años también la sufren y, ente los adolescentes de 12 a 19 años, el 43.8 por ciento las presenta. La población total con estas características en el país es de 14.3 millones de infantes y adolescentes.
La invaluable aportación del estudio que en esta edición de la Columna me permito comentar debe de sentar un precedente a partir del cual se generen políticas de ayuda humanitaria a las niños, niños y jóvenes que son más vulnerables a la muerte ante un posible contagio de COVID. Antes lo suponíamos, hoy ya lo sabemos con evidencia científica.
La virtud del justo medio
De acuerdo al CONEVAL, de los 46 municipios del estado de Guanajuato solo Atarjea muestra un nivel de rezago social medio; el resto se clasifica con nivel de rezago social bajo o muy bajo. Sin embargo, al analizar el rezago social a nivel de ‘localidades’, en el estado existen 561 de ellas con nivel de rezago alto o muy alto, en las que viven 35 mil 075 guanajuatenses vulnerables. El 85 por ciento de ellos se concentran en 12 municipios: Comonfort, Dolores Hidalgo, Pénjamo, San Felipe, Guanajuato, San Miguel Allende, San Luis de la Paz, León, Victoria, Tierra Blanca, Silao y Salamanca. Ahí se deben de intensificar las campañas de vacunación y prevención.
