Guanajuato registra desplazamientos forzados de al menos 12 periodistas o defensores de Derechos Humanos

Desplazamientos forzados de periodistas

LEÓN, GTO. A 16 DE ENERO DEL 2024.- De 2019 a 2023, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas recibió seis solicitudes de adhesión del mecanismo por razones de desplazamiento en Guanajuato; esta entidad está entre los 5 estados que no tienen garantías para que periodistas o defensoras puedan regresar a sus hogares.

De estas 2 son de periodistas de León e Irapuato y cuatro de buscadoras de Salvatierra (2) y Juventino Rosas (2).

La mañana de este martes, en rueda de prensa, periodistas e integrantes de organizaciones que apoyan los derechos de periodistas y defensores de derechos humanos, dieron a conocer cifras de Guanajuato, en este tema.

A pesar de dichas cifras, de forma local, Raymundo Sandoval, representante de la Plataforma por la Paz informó que han documentado en el mismo periodo 12 casos en su mayoría de buscadoras.

“El desplazamiento forzado por motivo de la violencia criminal, es un fenómeno ignorado por las instancias oficiales en Guanajuato y la reubicación temporal, es el término acuñado por la estructura gubernamental del estado de Guanajuato para referirse al desplazamiento, como esta medida de protección máxima para una periodista o defensora de derechos humanos que recurre a la protección del estado cuando se sabe que está en riesgo”, señaló la periodista Alfonsina Ávila.

Cirenia Celestino Ortega, Coordinadora de la Asociación Comunicación e Información de la Mujer A.C, conocida como CIMAC, informó que, de acuerdo a sus registros, la violencia contra las mujeres periodistas incrementa durante los procesos electorales.

“Y este año, tendremos un año electoral importante en ese sentido, los agresores siguen siendo los funcionarios públicos, es decir, aquellos que deben garantizar nuestro derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a una vida libre de violencia, son los principales agresores”.

Agregó que, ha incrementado la violencia digital, la persecución policial y las campañas de desprestigio contra las compañeras, siendo las reporteras las que son mayormente agredidas.

“Hay una permanente campaña de estigmatización y criminalización contra la prensa, que afecta particularmente a las mujeres periodistas, hay una marca de género importante ahí, pero que además se reproduce si bien, es encabezada desde el ejecutivo federal, se reproduce como una gran orden de ataque hacia las entidades federativas y eso, nos preocupa bastante”.

Resultado de ello, comentó que en lo que va del actual sexenio federal, suman 5 mujeres periodistas asesinadas.

“Son 5 mujeres que tenían una vida, que son 5 proyectos de vida y que, además, dónde están las investigaciones periodísticas que ellas llevaban, es decir, la violencia cumple su objetivo en tanto que silencia la voz de esas periodistas que estaban investigando temas que, por supuesto hacen ruido a las autoridades que están coludidas y se vuelven nota”.

De forma específica de Guanajuato, CIMAC tiene el registro de 43 casos de mujeres periodistas violentadas, 35 de ellas, reporteras.

Ellas, cubrían temas de corrupción, género (feminicidio y desaparición), abuso de autoridad, coberturas electorales, seguridad, derechos humanos, en menor medida crimen organizado y movimientos sociales.

En el caso del desplazamiento, resaltó que impacta en la vida personal, familiar y profesional de las periodistas, además de que no existe una política pública para su retorno seguro.

“Tenemos 21 casos de desplazamientos sin ninguna garantía para que puedan regresar, pero además de ello, no hay garantías para que puedan retomar sus proyectos periodísticos en el lugar en el que se encuentren, Guanajuato ocupa el quinto lugar en este registro”.

Entre las conclusiones, CIMAC recomendó a las autoridades crear políticas de protección integrales para que los gobiernos locales, estatales y federales conjunten acciones para prevenir el desplazamiento, proteger a las periodistas durante el DFI, prestarles y facilitarles asistencia humanitaria, garantizar condiciones estructurales para el retorno, reasentamiento y reubicación desde la perspectiva feminista.

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