LEÓN, GTO. A 07 DE MARZO 2025.- Jueces federales admitieron la ampliación del amparo interpuesto en contra de la extinción del Fideicomiso Estatal para el Desarrollo Social y la Seguridad (FIDESSEG), derivado de omisiones legislativas del Congreso del Estado de Guanajuato al no asignar recursos al fideicomiso en el Presupuesto 2025.
En noviembre del año pasado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de León logró una suspensión provisional para evitar la extinción del FIDESSEG, tras la interposición de una demanda de amparo.
En 2019 el FIDESSEG fue creado como un instrumento clave para fortalecer la protección de los derechos humanos de los sectores más vulnerables de Guanajuato, garantizando acceso a alimentación, salud, educación, agua, cultura, medio ambiente sano y la protección de mujeres, niños y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
El fideicomiso fue financiado mediante el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN), aprobado por el propio Congreso del Estado, lo que permitió canalizar recursos de manera eficiente a organizaciones de la sociedad civil y fundaciones comprometidas con la atención de las causas estructurales de la pobreza, la marginación, las adicciones, entre muchas otras que requieren la solidaridad y atención urgente y eficaz.
Sin embargo, la eliminación del FIDESSEG en el Presupuesto 2025 representa un grave retroceso en la protección de los derechos sociales de miles de guanajuatenses, lo que llevó a la presentación de esta ampliación de demanda ante el Poder Judicial Federal, para la cual los jueces han concedido un plazo de 15 días hábiles al Congreso del Estado para presentar su informe justificado ante las omisiones legislativas.
Mientras el proceso jurídico sigue su curso, el CCE de León hace un nuevo llamado a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y al Congreso del Estado para reconsiderar su postura y garantizar el respeto a los acuerdos que dieron origen a este modelo.
“Lo más importantes es el reconocimiento de la aportación voluntaria de los empresarios y, sobre todo, estableciendo con claridad en la ley y debidamente etiquetados, que estos recursos se destinen exclusivamente a financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública en Guanajuato, con la participación colegiada de representantes del gobierno del estado y de las organizaciones empresariales que asegure la transparencia, eficiencia y rendición de cuentas de los recursos”.
La vigencia de ambos acuerdos que generaron la confianza para comprometer la aportación voluntaria de los empleadores asegurará que los sectores más vulnerables de la población guanajuatense reciban la atención que necesitan a través del trabajo comprometido y eficiente de las organizaciones de la sociedad civil.
Por todo lo antes expuesto, el CCE reiteró su convicción de que sociedad y Gobierno sumen esfuerzos de manera comprometida, complementaria y subsidiaria, para garantizar un Guanajuato más equitativo y con mayores oportunidades para todos.
