LEÓN GTO. A 28 DE NOVIEMBRE DE 2024.- Un juez de Distrito concedió al Consejo Coordinador Empresarial de León (CCE) la suspensión provisional a la extinción del FIDESSEG, mecanismo decretado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.
Fue el pasado 24 de octubre cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado la extinción del Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG).
A través de un comunicado el CCE reveló que decidió recurrir al amparo “ante el Poder Judicial Federal, con el objetivo de proteger los derechos humanos de miles de beneficiarios -entre ellos niños, mujeres y adultos mayores en situación de vulnerabilidad-, que se atendían con los recursos de este fideicomiso, así como evitar que la extinción decretada elimine el origen y destino de las aportaciones realizadas por los empleadores”.
Este 27 de noviembre, el Juez Decimosegundo de Distrito en el Estado, dictó un acuerdo en el que admitió a trámite la demanda de amparo y concedió la suspensión provisional para el efecto de que no se ejecute la extinción del fideicomiso mientras dure el juicio de amparo.
Indicaron que, aunque ha existido diálogo con el Estado para ver cómo se puede “salvaguardar el origen y destino de las aportaciones que voluntariamente decidimos aportar los empleadores de Guanajuato”, al referirse a la tasa del Impuesto Sobre Nómina (ISN) y al FIDESSEG, no se ha “logrado concretar los acuerdos suficientes para garantizar estos objetivos”.
Afirmaron que los Consejos Coordinadores de Celaya y de León, a efecto de mejorar la eficiencia, transparencia y agilidad de las reglas de operación que el propio gobierno de Guanajuato estableció para este fideicomiso, hicieron propuestas concretas para integrarlas al “modelo de responsabilidad social compartida”, el cual será puesto en marcha por la actual administración para la entrega de apoyos a las asociaciones civiles.
El CCE dijo estar abierto al diálogo con el Estado, pero señaló que no permitirán que los apoyos sociales sean utilizados con fines clientelares.
“Consideramos inadecuada la política de apoyos sociales con propósitos clientelares que sólo buscan compromisos político-electorales, que pueden remediar momentáneamente ciertas necesidades, pero que generan dependencia y limitan la capacidad autogestiva de los ciudadanos para construir un bienestar sustentable”.
