CELAYA, GTO. 10 DE MARZO 2023.-El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca hizo un llamado a los alcaldes de Guanajuato a que pongan más atención a sus corporaciones policíacas.
«Es un buen llamado para que pongan mucha mayor atención en lo que está haciendo su policía municipal, es la obligación que tienen como municipios en otorgar seguridad pública» dijo.
En el caso de la policía de Villagrán mencionó que para que funcione, el alcalde tiene que supervisar a su corporación y los mandos a subordinados.
«Todos tenemos dudas en Villagrán. Es una policía que no ofrece resultados donde han actuado otras policías vecinas y encontramos diferentes cosas. En corralones municipales vehículos que fueron robados», agregó.
Otras de las situaciones que señaló de Villagrán es que prohíben que actúen otras policías en cuando van en persecución en esa zona.
Alvar explicó que ante esta situación el Gobernador ha dicho que están listos para implementar el Mando Único, pero no hay petición del alcalde, intención o voluntad.
Al cuestionarlo de que si el Estado iba a tomar el mando en otros municipios como Romita mencionó que hasta el momento no tienen peticiones formales.
Cabeza de Vaca calificó a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) como una policía de excelencia porque de cada 10 detenciones o aseguramientos en el Estado 9 los hacen las Fspe.
Policía de Celaya es buena
A la policía de Celaya la calificó como buena por sus avances y la disminución de los índices delictivos.
«No al grado como todos quisiéramos, pero disminuyeron delitos de alto impacto como homicidio doloso, robos casa habitación y negocio» dijo.
El funcionario recordó que hace unos años la policía de Celaya era imposible que participara, pero ahora hay reacciones oportunas y detenciones.
La incorporación de policías exfederales a la policía municipal agregó que cualquier modelo que se ponga a prueba funciona para combatir la inseguridad entonces es bueno.
En el tema de los 11 policías asesinados en lo que va del año argumentó que se debe analizar cada caso para determinar cuántos de los uniformados se dedicaban realmente a trabajar para la seguridad pública o tenían otros intereses que ponían en riesgo sus vidas.
