LEÓN, GTO. A 23 DE ENERO 2025.- El Observatorio Ciudadano de León (OCL) se pronunció a favor de la puesta en marcha de un sistema de pago único en el transporte público que permita movilidad ilimitada por 24 horas.
Asimismo, durante la presentación de las Propuestas Ciudadanas: Un paso hacia un León más participativo e inclusivo, mismas que pretenden sean incluidas en las políticas públicas municipales, se pronunciaron a favor de un presupuesto específico para la movilidad sostenible, poniendo a las personas como eje central.
El consejero del Observatorio Ciudadano de León, Sergio Ponce López, indicó que se requiere “de voluntad” por parte de las autoridades para comenzar a integrar las propuestas de los ciudadanos a las políticas públicas en materia de movilidad.
“El parque vehicular en León, en 2021, es 571 mil 755 vehículos particulares, de los cuales de acuerdo a datos del 2023 y de acuerdo a un estudio de la IBERO no dice que en León existen 115 mil 622 motos, 412 mil 337 vehículos, 8 mil 678 autobuses, 121 mil 031 camiones y 6 mil 442 remolques y de una y otra forma tenemos que movernos”, indicó.
Dijo que el crecimiento del parque vehicular ha generado otras problemáticas, tales como el aumento de la contaminación en el tercer municipio más grande del estado de Guanajuato.
Dentro de otras propuestas, pidieron una reforma al Código Reglamentario de Desarrollo Urbano para incluir normativas obligatorias de sostenibilidad para redensificar la zona urbana, la puesta en marcha de un programa integral de formación laboral enfocado en competencias clave como adaptación tecnológica, habilidades prácticas y mejores oportunidades laborales con salarios dignos.
Además, pidieron incorporar los servicios de atención primaria en salud mental como un tema prioritario en las políticas públicas municipales, así como, fortalecer políticas inclusivas que garanticen acceso universal a salud, educación y empleo, el diseño de un programa integral de rehabilitación que integre terapia, reinserción social y trabajo con familias, liderado por equipos multidisciplinarios.
Así como, programas preventivos ajustados a la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, enfocados en el diagnóstico temprano de factores de riesgo como exclusión educativa y dinámicas familiares y estrategias para fortalecer la educación inicial, garantizar la retención escolar en niveles medio superior y superior y promover la inclusión en comunidades vulnerables.