GUANAJUATO, GTO. 15 DE MARZO 2023.-Juan Carlos Castillo Cantero, Alcalde de San Diego de la Unión, negó haberse rehusado a cumplir las recomendaciones emitidas el 20 de enero del 2023 por la Procuraduría de Los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, al haber sido encontrado responsable de violentar los derechos de una regidora durante la administración 2015-2018.
“No había tenido oportunidad de acceder nunca a este expediente ni conocía el contenido del expediente ya que, anteriormente, no se me había notificado nada, ni conocía el asunto como tal de fondo a través del estudio del expediente”, justificó el alcalde.
Señaló que no había sido notificado y mencionó que el expediente lo recibió al mediodía de este martes 13 de marzo “donde me dicen que venga a comparecer para que explique los motivos de la negativa de cumplir con la recomendación derivada del expediente 101/17-D en la que se le determinó como autoridad responsable”.
El alcalde en cuestión expresó lo anterior durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de Guanajuato, en donde se presentó a petición del Ombudsman, Vicente de Jesús Esqueda Méndez.
El Presidente de dicha comisión, el diputado David Martínez Mendizábal, señaló que la causa principal fue el no haber acatado las recomendaciones realizadas por la PDHEG en relación a la resolución emitida el 30 de agosto del 2022, sobre el expediente 101/17-D en donde se señala a Juan Carlos Castillo Cantero, como responsable de haber violentado a una mujer durante el periodo 2015-2018, misma que fue notificada y publicada a través de la página web de la Procuraduría.
“A solicitud del procurador de los DH se mandó llamar al alcalde para que compareciera ante la Comisión en el Congreso del Estado y explicara el motivo por el cual no cumplió con la respectiva recomendación”, expresó el legislador David Martínez.
Y detalló que los resolutivos de la recomendación son: ofrecer una disculpa pública institucional por parte del alcalde con motivo de los hechos acreditados a la violación de los derechos de la ofendida, (se sabe que fue contra una regidora) de quien no se refirió nombre, en su condición de mujer a una vida libre de violencia por los hechos realizados por Juan Carlos Castillo cuando ejercía el cargo de Presidente municipal por el periodo 2018-2015.
Segundo, se instruyó a la instancia competente para que se inicie el procedimiento administrativo que corresponde para determinar la responsabilidad administrativa en que haya incurrido Juan Carlos Castillo. Además dicha resolución se anexará al expediente de servidor público del alcalde para que quede evidencia de los hechos que cometió en agravio de la víctima y, finalmente, que se ofrezca y de ser el caso, se aseguré atención psicosocial a la persona agraviada.
Juan Carlos Castillo señaló, que una vez que recibió y revisó el expediente de su caso, no encontró una negativa plasmada por parte de él a cumplir las recomendaciones antes referidas.
“En todo esto no encuentro una negativa de mi parte, no sé si estamos hablando del mismo expediente, ya que en este expediente no hay una negativa de mi parte a cumplir alguna recomendación que me haya hecho por parte de la Procuraduría (…) en este expediente no aparece ninguna negativa de parte de su servidor por eso no sabría cuál sería el tema de la negativa por parte mía”, expresó el alcalde de San Diego de la Unión al solicitar a los diputados que le explicaran si se trataba del mismo expediente que le compartieron.
Alcalde no reconoce acusación.
En entrevista, Juan Carlos Castillo Cantero dijo aplaudir la acción implementada por parte de los diputados sin embrago, resaltó, que “se equivocaron de persona. No sé de qué me están hablando”.
“Creo que hoy se equivocaron conmigo, son una persona íntegra, soy de trabajo. Hemos hecho mucho trabajo en San Diego en favor de las mujeres. Estoy a favor de políticas que establezcan sobre todo la participación, la inclusión de las mujeres”, manifestó el edil y destacó que gracias a su trabajo fue reelecto en un municipio en “donde el mayor porcentaje de los habitantes son mujeres (…) si aquí alguien está siendo víctima, creo en este caso, soy yo”, manifestó Castillo.
Por su parte Vicente Esqueda sostuvo que el alcalde si conocía el expediente y el desarrollo de la investigación, tal es el caso que firmó dos informes que están en el expediente del caso; además dijo que la resolución se informó al Ayuntamiento y se notificó a través de la Síndico, que es el conducto legal oficial .
“El presidente municipal perdió su oportunidad de poder explicar o justificar las razones por las cuales no se aceptaba esta recomendación. Definitivamente creo que fue una salida que no alcanza a cubrir la razón por la cual no la aceptó (…) cualquier autoridad está en su derecho de decir que no la acepta pero si le exige la Ley que justifique la razón de dicha negativa”, expresó Esqueda al señalar que este asunto queda cerrado con la negativa, sin embrago apuntó que no se debe dejar pasar ni que se repita este tipo de situaciones.
