GUANAJUATO, GTO.- Más de un centenar de Periodistas y líderes sociales de todo el estado se pronunciaron en un contundente rechazo a la ley de Protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que este jueves se subirá al pleno del Congreso.
A través de un pronunciamiento escrito, los inconformes manifiestan que para el dictamen aprobado en comisiones esta misma semana, no se consideraron las propuestas y aportaciones realizadas por los directamente involucrados.
El pronunciamiento replicado por varios medios estatales, exige que se regrese el dictamen a comisiones para su análisis y corrección.
AL CONGRESO DEL ESTADO.
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
Quienes suscribimos, periodistas, personas defensoras de Derechos Humanos y ciudadanos, expresamos un contundente rechazo a los términos del dictamen de Ley de protección a periodistas y personas defensoras que diputadas y diputados del Congreso del Estado pretenden aprobar en su sesión del pleno.
Desde que se presentó la primera iniciativa en la materia en la Legislatura pasada y hasta la fecha, en reiteradas ocasiones, por escrito, de manera pública, en foros de consulta, en reuniones de trabajo y en última instancia, en una reunión efectuada el viernes 19 de mayo con diputados del PAN y del PRD –en su calidad de iniciantes de una de las propuestas que sirvió de base para el dictamen de referencia- periodistas y personas defensoras hemos dejado muy en claro nuestro interés en que sea ésta una ley apegada a los más altos estándares en la materia y aportamos propuestas muy concretas, opiniones remitidas por expertos y organizaciones nacionales e internacionales especializadas en Libertad de Expresión y protección a periodistas como ARTICLE 19, además de que el propio Congreso recibió aportaciones valiosas de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos.
Vemos con profunda decepción que nuestros representantes parlamentarios –puesto que somos fundamentalmente ciudadanas y ciudadanos, que realizamos tareas socialmente útiles en la construcción de la democracia, gobiernos transparentes y una mejor sociedad- han sido omisos y han ignorado casi en su totalidad la larga lista de aportaciones que como interesados y beneficiarios de esta ley hemos hecho a lo largo de tres años.
Aunque para nosotros es repetitivo porque las hemos señalado en distintos foros y documentos que obran formalmente en poder del Congreso, estas son sólo algunas de las razones por las cuales estamos en desacuerdo con el contenido final de la ley; la primera y la última fueron expuestas a algunos de los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos en una reunión de trabajo, y no se tomaron en cuenta para ser incluidos en el dictamen de la misma:
1.- Hay una gran omisión en el capítulo relativo a las sanciones a los servidores públicos, ya que no se establece sanción alguna y ésta es una ausencia grave, en virtud de que la mayoría de quienes agreden a los periodistas son servidores públicos, como está ampliamente documentado.
La única disposición al respecto es una remisión a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en ninguno de sus artículos contemplan las agresiones o amenazas a periodistas como conductas prohibidas y sancionables. Es decir, por esta vía no se podrá imponer ningún castigo.
2.- En el artículo 7 se establecen “deberes” de los periodistas y colaboradores periodísticos, cuando la reglamentación de la actividad periodística no es el objeto de esta ley. Y por lo tanto, este artículo debería de ser eliminado.
3.- Sólo como un ejemplo de lo anterior, el mismo artículo 7 añade esta disposición: “En caso de que los periodistas y colaboradores periodísticos incumplan con los deberes que aquí se señalan, las personas a quienes presuntamente se les transgredan sus derechos, podrán concurrir a las instancias correspondientes para promover las acciones legales a que haya lugar”.
Nada contiene el dictamen de la Ley respecto a qué pueden hacer los periodistas cuando se les violen sus derechos, contemplados en el artículo 5 del mismo capítulo, que consideramos fuera de lugar en cuanto al propósito de la Ley.
Esta omisión es totalmente contraria a lo que se supone persigue esta ley, que es la protección de los periodistas, pues los deja en estado de indefensión cuando terceras personas que se sientan agredidas sí podrán actuar en su contra. Es un total contrasentido con el objetivo de esta ley.
Por lo que respecta a las personas defensoras, el dictamen es prácticamente excluyente de su situación, referencias específicas, conceptos y definiciones dirigidas a su protección, supuesto propósito, entre otros, de la Ley.
Nos pronunciamos porque este Dictamen de Ley no sea aprobado por el pleno del Congreso en la sesión ordinaria del jueves 25; que sea devuelto a comisiones y sea revisado a profundidad, con una verdadera convicción y voluntad política palpable y concreta de sumarse a la exigencia nacional, ante la emergencia nacional, de proteger el ejercicio periodístico y la integridad de los periodistas, así como de garantizar a personas defensoras de Derechos Humanos el respeto y la protección del Estado ante cualquier tipo de riesgo.
Esta ley, como casi ninguna otra, tiene destinatarios muy específicos, sin cuya participación, opinión o atención a través de ustedes, nuestros representantes, será una ley que nacerá muerta.
