CELAYA, GTO. 23 DE JUNIO 2026.- La manifestación ocurrida la tarde y noche del lunes sobre la carretera Celaya–Juventino Rosas, que derivó en la quema de 10 vehículos particulares y el bloqueo de la vialidad, evidenció la necesidad de una respuesta más rápida por parte de las autoridades encargadas de investigar los hechos que originaron la protesta, consideró el presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez.
El alcalde señaló que la falta de esclarecimiento oportuno sobre el caso que detonó la movilización permitió que el conflicto creciera y escalara en violencia.
«La Fiscalía tiene que actuar rápido para esclarecer los hechos, porque en la medida en que no se esclarezcan, pues la gente tiene dudas», afirmó.
Ramírez Sánchez sostuvo que su administración respeta y respalda el derecho de los ciudadanos a manifestarse cuando consideran vulnerados sus derechos; sin embargo, rechazó los actos violentos registrados durante la protesta, los cuales terminaron afectando a personas ajenas al conflicto.
«Cualquier manifestación pacífica yo la respaldo… pero las manifestaciones deben ser pacíficas… Ahora la gente ya ni se acuerda de qué estaban peleando. Ahora la gente se acuerda de que les quitaron los carros, camiones y motocicletas a las personas y se las quemaron», declaró.
Asimismo, reiteró que su gobierno privilegiará el diálogo sobre el uso de la fuerza.
«En este gobierno no va a haber represión. En mi gobierno no va a haber golpes. En mi gobierno va a haber negociación», sostuvo.
Sobre el impacto que los hechos pueden tener en la percepción de seguridad del municipio, Ramírez Sánchez minimizó una afectación permanente a la imagen de Celaya y aseguró que la prioridad será atender a las víctimas y resolver el conflicto.
Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón, explicó que la participación del municipio durante la contingencia fue de carácter preventivo y de apoyo, mediante el despliegue de ambulancias, personal de Protección Civil, Bomberos y grúas.
Aunque reiteró el respeto al derecho de manifestación, consideró justificada la intervención del grupo antimotines de la Fuerza de Seguridad Pública del Estado (FSPE) una vez que la protesta derivó en actos violentos.
