Empresarios niegan irregularidades en uso de recursos del FIDESSEG

CCEL

LEÓN, GTO. A 27 DE JUNIO 2025.- El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) rechazó que existan irregularidades en la comprobación de los recursos del FIDESSEG, de los ejercicios 2024 y lo que va de este 2025.

Este jueves, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) informó que detectó anomalías por 214 millones 409 mil 074 pesos en la aplicación de recursos del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG).

A través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial de León quien se ha opuesto a la desaparición del FIDESSEG, informó que no han sido notificados por parte de la Auditoría Superior del Estado sobre las irregularidades, sin embargo, dejaron en claro que cada peso del fideicomiso ha sido avalado por el Comité Técnico, en el cual participa el Estado.

“En todo momento, con la aprobación del Comité Técnico, órgano colegiado en el que han participado representantes del Gobierno del Estado (con voz y voto de calidad), y representantes de los aportantes (sólo con voz y voto), así como con mecanismos de revisión y transparencia que aseguraran el uso adecuado de los recursos”, expresó en el documento.

Agregó que “Los criterios para la aprobación y asignación de los fondos no fueron discrecionales, preferenciales, ni unilaterales, y sí, siempre en total apego a las normas y reglas de operación establecidas por el gobierno del Estado de Guanajuato, lo que determinaba qué asociaciones recibían recursos y cuáles no”.

A la espera de conocer la información sobre las irregularidades reiteraron su compromiso con la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, por lo que afirmaron que cualquier observación puede ser solventada.

“Si se llegara a identificar alguna conducta indebida o uso incorrecto de los recursos, deberá de aplicarse la normatividad correspondiente basada en las reglas de operación que están establecidas, respetando el debido proceso que implica el conocimiento claro, objetivo y sustentado de las observaciones que pudieran surgir, el derecho de audiencia para solventarlas”.