CELAYA, GTO. 2 DE ABRIL DEL 2025.- En el pasado mes de febrero, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, (PRODHEG) emitió dos recomendaciones en contra de 4 empleados de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); uno de los casos es por detención arbitraria y el otro por negligencia laboral contra otra empleada de la misma institución.
El Director General de la AIC, Faustino Parra Rivera, reconoció el martes que recibió la dependencia con dos recomendaciones contra agentes ministeriales por violaciones a los Derechos Humanos.
Consultada al respecto, la PRODHEG, confirmó las dos resoluciones; una emitida con fecha del 24 de febrero bajo el expediente 1150/2022 y la segunda con fecha del 26 de febrero correspondiente al expediente 0393/2022.
En su versión pública, ambos documentos tienen los datos personales protegidos, tanto de las víctimas como de los acusados. Las recomendaciones fueron aceptadas por la AIC.
GUARDIA DE SEGURIDAD
La primera, es en contra del Director de Asesoría y Consulta de la Agencia de Investigación Criminal, cuya recomendación alcanza a un segundo funcionario de la misma área.
Fue una mujer Guardia de Seguridad Institucional de la FGE, la que presentó la denuncia por hechos registrados desde noviembre del año 2021, cuando fue “asignada a abrir y cerrar manualmente el portón de acero de gran tamaño” de uno de los accesos a las instalaciones de la Fiscalía.
“La quejosa expuso que el Director de Asesoría y Consulta de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, le negó la expedición de un acta de hechos y una constancia laboral para solicitar un seguro de riesgo de trabajo”, cita el sumario.
La Guardia de Seguridad, sufrió lesiones que inlcuso le impidieron usar el chaleco antibalas y portar sus armas –un arma larga y un arma corta-, fue diagnósticada con “cervicalgia” y “dos hernias cervicales c-3-c4 y c5-c-6 más cervicobraquialgia crónica agudizada”.
“Asimismo, la quejosa señaló que acudió con DAYC-01 quien le dijo que no la ayudaría porque nadie había visto ni sabía nada. Posteriormente, fue canalizada a medicina del trabajo, en donde un médico le indicó que no podía dictaminar un riesgo de trabajo porque la FGE no le había proporcionado un acta de hechos y tampoco había permitido la revisión de los portones, por ello sólo le daría “una pensión por enfermedad general”.
La Guardia impugnó ante el ISSEG y en la resolución se determinó que estaba en posibilidad de solicitar una incapacidad por riesgo de trabajo. Resolución que fue ignorada por los funcionarios de la FGE.
La recomendación de la PRODHEG, establece que la Fiscalía deberá “instruir por escrito a la autoridad competente, para que, a la brevedad posible, y de conformidad con la normatividad aplicable, se entregue a la víctima el acta de hechos y la constancia laboral, requisitos para solicitar un seguro por riesgo de trabajo en la modalidad de incapacidad”.
DETENCIÓN ARBITARIA
En la segunda recomendación, ciudadanos denunciaron que fueron golpeados y detenidos por dos agentes ministeriales, debido a que estaba reparando y probando un arma de fuego con el respectivo permiso de portación.
“Los quejosos señalaron que Agentes de Investigación Criminal los detuvieron arbitrariamente, los agredieron físicamente y que a uno de ellos no le regresaron una cartera que le aseguraron durante la detención”.
El evento se registró desde abril del 2022, cuando “se encontraba reparando un arma de fuego, por lo que realizó 5 detonaciones sobre unos bancos de arena que se localizan en el patio de la casa donde vive -propiedad de su papá- y que en ese momento llegaron al lugar 2 dos AIC, quienes le apuntaron, le indicaron que soltara el arma y le cuestionaron si les había disparado a ellos; por lo que le gritó a su hermano XXXXX para que le llevara el permiso de portación de arma, el cual estaba a nombre de su papá. Señaló que durante el desarrollo de los hechos, los AIC lo golpearon, le sustrajeron una cartera y lo detuvieron arbitrariamente, pues se encontraban dentro de una propiedad privada”, cita el resolutivo.
La PRODHEG desestimó la acusación de que los ministeriales robaron la cartera a uno de los afectados y de los golpes que presuntamente les propinaron ya que las valoraciones médicas presentadas refieren “sano, sin lesiones evidentes”.
Los ministeriales, negaron que hubieran detenido y golpeado al hermano del hombre que hizo las detonaciones, sin embargo existe un video que grabó una vecina que desmiente la versión de los agentes.
“También obra un video grabado por una vecina donde se ve a 2 dos personas del sexo masculino, uno vestido con pantalón claro y camisa azul de manga corta y otro con pantalón y sudadera en color negro; quienes llevan las manos esposadas y los cuales son subidos a una camioneta pickup, color gris; y en el cual se escucha una voz femenina que dice: “ese es XXXXX (quejoso) oye, pobre de XXXXX, porqué se los van a llevar.”
Según el análisis de la PRODHEG, con el video, se demuestra que AIC-01 y AIC-02, sí detuvieron a dos personas y no solo una como ellos informaron, por lo que omitieron salvaguardar los derechos humanos de seguridad y libertad personal en su vertiente de detención arbitraria.
La Procuraduría recomienda iniciar una investigación por la autoridad competente, con el objetivo de deslindar responsabilidades administrativas por las omisiones a salvaguardar los derechos humanos cometidas por los AIC; además se ordena establecer medidas de no repetición.
