LEÓN, GTO. 11 DE ABRIL 2022.- Laura Elena Díaz Infante demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE) por omisiones tras la muerte de su esposo, Jorge González Topete; lleva 7 años, exigiendo justicia ya que la FGE, sin investigar más, calificó como suicidio su deceso y no como homicidio, pues argumentaron sin pruebas que la víctima acabó con su vida “por culpa”, ya que cometió un fraude millonario, pero desconocen dónde está el dinero.
Jorge González era Director de Banca Privada, en un banco nacional con sede en la ciudad de León, Guanajuato, el jueves 19 de noviembre del 2015 salió de su casa como cualquier otro día, para ir a trabajar.
Su esposa comentó que, al salir de su casa, llevaba su portafolio, pasaron las horas y Jorge no regresaba a casa, a lo que ella, preocupada, pensó que su marido había sido secuestrado.
Luego de haber pasado una larga noche esperando el regreso de su esposo, la madrugada del viernes 2º de noviembre recibió una llamada, donde le informan que Jorge estaba muerto en la habitación de un hotel en León, Guanajuato.
“El 19 de noviembre del 2015, Jorge González Topete, mi esposo, me dijo ‘gorda ahorita vengo’, llevaba un portafolio con papeles, iba al centro a la oficina a dejar unos papeles, él era Director de Banca Privada en un banco aquí en León y ya no regresó, al día siguiente me entero que amanece muerto en un hotel de aquí de León”.
Comentó que ante dicha noticia, sus dos hijas que en ese tiempo tenían 16 y 18 años, se pusieron muy mal. Por ello, pidió a sus hermanos y cuñados acudir al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para identificar el cuerpo.
Indicó que los hermanos de Jorge venían de Irapuato, ya que él era originario de dicho municipio. Cuando llegan a León, a su sobrino de 20 años que los acompañaba, personal del SEMEFO le piden que firme un oficio porque lo van a incinerar, ante el desconocimiento, el joven firma.
Destacó que Jorge González murió la noche del 19 de noviembre, su cuerpo fue encontrado en la madrugada del 20 y antes del mediodía de esa fecha, su cuerpo ya había sido incinerado.
“A mí me hablan por teléfono y me dicen que ‘si quieres autopsia’, preguntándome cuando ahora yo me entero que ellos son los que tienen que hacer, cuando encuentran una persona muerta, la decisión no la tomo yo, la toman ellos, sí le hicieron autopsia pero no se podía incinerar, ni preguntar si se podía incinerar, pero eso después lo supe con el tiempo, entonces lo incineraron inmediatamente, entonces no dejaron nada para seguir investigando”.
“El caso lo querían cerrar, no sé si te dije desde el principio que me dijeron que se había suicidado, yo estaba segura de que no se había suicidado, Jorge estaba lleno de vida, estaba feliz y yo sabía que no, él no se había suicidado, me lo decía mi corazón y lo conocía perfectamente, yo dije, aquí hay algo muy raro”.
Comentó que desde que le fueron entregadas las cenizas de su esposo, comenzó para ella y su familia un viacrucis en el Ministerio Público.
“Yo me dediqué a ir al Ministerio Público y le digo a una persona, es que vengo a dar mi declaración, y a usted quién la llamó, él se suicidó y usted no tiene que dar ninguna declaración, yo decía qué raro, qué raro que no les interese mi declaración”.
Agregó que, por recomendación de amigos, contrató a un abogado, quien le dijo que pidiera las cámaras del hotel donde fue hallado su esposo y así, averiguar qué hacía ahí y si iba solo, pero, nunca le comentó que tenía que llevar una copia de la petición, misma que debían sellarle.
Tres meses después del fallecimiento de su esposo, Laura Elena conoció al Licenciado Jesús Ortega de la Peña, quien hasta a la fecha le ayuda con el caso de Jorge. El abogado le comentó que, al realizarse correctamente la solicitud de las cámaras, el material se perdió.
“Durante 3 meses me vieron la cara de tonta, porque nadie me dijo cómo hacerlo, yo estaba, no en shock, acabada, haz de cuenta que me había llegado un terremoto, entonces yo estaba muy mal y claro, se aprovecharon de que yo estaba muy mal y nadie me dijo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, nadie me explicaba nada, y yo nunca había llevado un juicio, pedí una investigación, yo nunca había llevado eso y así pasaron 3 meses y yo iba casi diario, hasta que llegó el licenciado Jesús Ortega de la Peña y me dijo, qué crees, se perdió las cámaras del C4, las cámaras del hotel, porque nunca pidieron nada”.
Laura Díaz contó que, desde hace 7 años, ha luchado para que la Fiscalía de Guanajuato cambie la carpeta de investigación de Jorge González de suicidio a homicidio.
Comentó que, tras 3 años de juicio para obtener el seguro de vida, ella utilizó dicho recurso para contratar un perito y comprobar que la muerte de su esposo fue homicidio y no suicidio, como lo señaló la Fiscalía.
“Siete años después, han sido muy largos, tormentosos, siete años después sigue en un suicidio, yo a los 3 años, mi abogado gana el juicio con el seguro de vida y teniendo yo dinero, puedo hacer periciales y haciendo periciales, demuestro que no es un suicidio, que es un homicidio y hasta el día de hoy, sigue en suicidio”.
Jesús Ortega de la Peña, abogado de Laura Elena, explicó que una juez del sistema tradicional, cómo él señala, determinó que en la investigación de la muerte de Jorge faltaba información, por lo que pidió a la Fiscalía integrar más elementos y datos que confirmen que se trató de un suicidio.
A la par de esta resolución de la juez, Laura obtuvo el pago por el seguro de vida y con ello, aprovecharon el recurso para contratar a 3 peritos, uno médico, toxicológico y un criminalista, y así, comprobar que Jorge fue asesinado.
Jesús Ortega explicó que, con el apoyo del perito criminalista, van al lugar de los hechos.
Detalló que la Fiscalía sostenía que el cuarto del hotel, donde fue encontrado Jorge, era cerrado, que nadie pudo haber entrado, pero descubrieron que donde decían que era un closet, realmente era una puerta de acceso al cuarto de al lado, “estaba alterado el croquis”, señaló el abogado.
Consiguieron las fotografías de Jorge y observaron que estaba golpeado, también, señalaron que había una toalla con muchas manchas y que, cuando toman las fotografías del lugar el día del crimen, estaba perfectamente dormido.
Comentó que la muerte de Jorge no pudo haber sido un envenenamiento porque, según la Fiscalía, primero se puso una estopa con thinner y luego hizo un coctel y se lo tomó.
Explicó que, por como es el thinner, con la pura estopa se desmayó, por lo que descartan que él tomó el veneno. Además, dijo, hubiera presentando ritos de dolor, pero su postura era totalmente tranquila.
“El médico dice, lo que pasa es que lo matan con el thinner y después pasan por una sonda el veneno, por eso no había en la sangre nada, y a eso, como ya lo habían incinerado, todo eso lo sacan con datos que ya estaban en la autopsia, entonces nos dicen, en primer lugar, se murió por el estupor del thinner, en segundo lugar, le pasan por una sonda todo el veneno, por eso decían que había veneno en el cuerpo pero no en la sangre, dice, pero a parte había varias personas”.
Agregó que también se contrató una pericial en genética y se detectó que en la escena del crimen había cuatro personas; además, se advirtió que del celular de Jorge salió una llamada, estando él ya sin vida.
Solicitaron las llamadas del teléfono de Jorge, petición que les fue negada, incluso la negativa fue firmada por el Fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre.
“Con base en todo eso, decimos, a ver, ya tenemos, investiga y dice el MP, no, le digo, sabes qué Laura, vamos a demandar a la Fiscalía por lo que no hizo, o sea, una cosa es a la averiguación, pero como no hacen, vamos a demandarlos, primero para que paguen una reparación del daño que debió haber pagado el culpable si lo detienen, pero también vamos a demandar daño moral por lo que no hicieron”.
Jesús Ortega destacó que por la Ley de Responsabilidades, la demanda la lleva la propia Fiscalía; el juicio lleva más de 2 años y están en espera de que se dicte sentencia.
Calificó como “raro” todo el proceso que siguió la Fiscalía para cerrar el caso, ya que a lo largo de los 7 años, han sido omisos.
“La Fiscalía no solo no ha hecho, ha tapado, o sea, está muy raro todo, por qué incinerar cuando está prohibido por protocolo, por qué no tratarlas como víctimas, por qué no dar una asesoría correcta, si no tiene quién la asesore, independientemente de la persona, gestó que ya se hubiera acabado en que se suicidó, por qué no hacer, por qué quitarle la calidad de víctima, de hecho, le desaparecieron y la averiguación, tuvimos que ir a Derechos Humanos, hasta entonces volvió a aparecer, han pasado tantas cosas que nos hace pensar que algo se oculta, porque nosotros somos del criterio de a ver, las autoridades no te hacen un favor, están obligadas, se supone que están de tu lado, no son tu contraparte, no está peleando contra la autoridad, se supone que la autoridad va contigo, va de tu lado”.
Sobre este proceso de 7 años, Laura Elena Díaz acusó que desde el día de la muerte de su esposo, tanto ella como sus dos hijas, han sido discriminadas.
Comentó que ha perdido desde cosas materiales, hasta amistades, en el proceso de obtener la verdad sobre el fallecimiento de su esposo.
“Nos hemos topado con esta situación de que dicen que hizo un gran fraude millonario, entonces yo soy la que se quedó con el dinero, mis hijas, las han discriminado en los trabajos, a una de ellas sobre todo, a la semana la corrieron cuando le estuvo preguntando el jefe que quien era su papá, entonces, nosotros tenemos acceso a la justicia y la verdad como seres humanos, entonces yo no puedo permitir que mis hijas, mis nietos y mis descendientes vivan esto, cuando a aparte es mentira”.
