GUANAJUATO, GTO. 18 DE JUNIO 2026.- Integrantes de la Alianza Plus de Taxistas de Guanajuato lanzaron un exhorto al gobierno estatal para que haga valer la ley y el Estado de derecho frente a la circulación de más de 12 mil vehículos ejecutivos que operan sin permiso.
Los concesionarios señalaron que la presencia de estas unidades representa una competencia desleal y vulnera el marco legal del transporte público. Además, cuestionaron el desempeño del director de Movilidad, Moisés Rangel Villagómez, al considerar que no ha hecho nada para poner en orden a los taxis ejecutivos.
El líder de la organización de taxis Línea Dorada y de la Alianza Plus de Taxistas de Guanajuato, José Luis Guerrero Mendoza, señaló que el Estado solamente ejerce presión contra los concesionarios que tienen concesiones para operar taxis verdes y transporte privado (ejecutivos).
Consideró como una broma lo ocurrido la semana pasada, tras el retiro de un vehículo ejecutivo que operaba sin permiso en Irapuato y que derivó en un bloqueo por parte de operadores de Uber en León, seguido de la liberación de la unidad, cuando la autoridad debió detener a quienes bloquearon una vialidad.
“No estamos en contra de las plataformas ni de la tecnología, pero sí con orden. De tal manera que hoy, de nueva cuenta, quiero exhortar y conminar a las autoridades a que hagan valer la ley y que prevalezca el Estado de derecho. Yo creo que si ahí se les pusieron de modo, ahí se les debió haber sancionado. Nos llegó un oficio a todas las organizaciones que estamos legalmente constituidas y que prestamos el servicio de transporte privado. Ese oficio nos señala que, si no actuamos conforme a la ley, pues vamos a ser sancionados”, dijo.
Ante esta situación, cerca de veinte concesionarios de la Alianza Plus de Taxistas de Guanajuato reprobaron el trabajo realizado por el director de Movilidad, Moisés Rangel Villagómez, y exigieron al Congreso del Estado de Guanajuato llevar a cabo una reforma estructural a la Ley de Movilidad del Estado y sus Municipios, con el objetivo de terminar con la sobreoferta, mejorar el servicio que se brinda a la población y garantizar la seguridad de usuarios y operadores.
