Imagínate que tienes que ir a trabajar con el riesgo de que te topes con gente violenta que en cualquier momento te puede amenazar y golpear; ahora imagínate que esa gente está uniformada, porta una placa y un arma.
En la época moderna el respeto a las mujeres, los niños, a la comunidad LGBT+, a las mascotas y a los periodistas son una premisa indispensable en el discurso de cualquier gobierno o de cualquier político.
Algunos lo hacen con convicción y otros solo lo hacen porque sería muy impopular decir que son homofóbicos y misóginos, o que “les caen mal” los periodistas por incómodos.
Hace una semana (el 20 de febrero) la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PRODHEG) emitió una recomendación que confirma que el 12 de agosto del 2022, tres policías de Celaya agredieron, golpearon y amenazaron a dos reporteros de Ágora cuyo único delito fue hacer su trabajo.
El ombudsman estatal señala violaciones a los derechos de libertad de expresión y a la integridad personal de los periodistas.
Obviamente en el momento (bueno al día siguiente) el Presidente Municipal, Javier Mendoza Márquez, no sólo condenó el hecho, prometió que habría sanción y no se volvería a repetir.
La nota se hizo nacional junto con un video que ayudó a revertir el testimonio de los policías que dijeron cosas tan absurdas cómo que la cabeza del reportero chocó con su mano, no es que le hubiera pegado.
No les quedó de otra que decir que apoyan, respetan y procuran la libertad de expresión. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho.
En un incidente tan visible, uno pensaría que se preocuparían por dar el seguimiento adecuado y mandar un mensaje de que realmente les importa la integridad de la prensa. Pero no fue así.
El gobierno independiente-panista no cumplió su palabra y semanas después de la situación con los reporteros de Ágora, hubo otras agresiones a otros comunicadores por parte de los policías.
No solo no han procurado el respeto al trabajo de los periodistas, ahora han normalizado situaciones para amedrentar o complicar el trabajo de los reporteros de los diferentes medios.
Por ejemplo, ahora ya es costumbre que los uniformados (a los que no llamaré “fedepales” por que no me gustan las etiquetas) echen la luz de sus lámparas de mano sobre el lente del teléfono o de la cámara de los reporteros para evitar que graben o tomen fotos.
A ver, los periodistas, como cualquier otro ciudadano de Celaya merecemos las garantías para ejercer nuestro trabajo; hoy no solo debemos cuidarnos de la delincuencia, también de los policías, que si andan de malas o en un mal día sean capaces de reprender, golpear o amenazar, sin ser sancionados.
Y cómo no van a normalizar la violencia los policías, si su jefe, el Secretario de Seguridad, Jesús Rivera (quien por cierto ni celayense es), respondió a la recomendación con un “yo ya me disculpé”. Esa en sí ya es una nueva agresión a la situación.
Si bien es cierto que la recomendación de Derechos Humanos -que contempla reparación integral del daño- de ofrecer una disculpa no es obligatoria, los estándares para ofrecer disculpas públicas van más allá de una declaración banquetera al salir de una comisión.
El gobierno de Javier Mendoza, quien es el Jefe del Secretario de Seguridad, tiene 5 días hábiles para aceptar o rechazar la recomendación, -a una semana no se han pronunciado- sin embargo, tras estos meses la disculpa es lo de menos, ha quedado claro que lo que menos preocupa al cuestionado gobierno es el respeto a los reporteros.
Ya no es un incidente, son situaciones que están documentadas y que al gobierno lo tienen sin cuidado.
Desde hace seis meses, en la agenda del presidente municipal que manda el área de comunicación, agregan la frase “No habrá entrevistas por parte del presidente municipal, esperando su comprensión”, para evitar a los reporteros.
Uno quisiera, como el Alcalde, poder evitar a los policías cuando vamos a trabajar, cuando vamos a un evento de gobierno o cuando vamos a cubrir una balacera o un ejecutado; pero no, nosotros no podemos.
La línea es muy delgada y difícil para quienes hacemos periodismo en Celaya.
Así que esperando su comprensión, (como pide el Alcalde en su agenda), el llamado es al Ayuntamiento, a los integrantes del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato para que pongan especial atención en Celaya.
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Artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos:
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.