En el marco de la 25º conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres y las Niñas, es necesario reflexionar críticamente acerca de nuestra labor docente y ejercerla con perspectiva de género para propiciar espacios seguros y libres de violencia.
Cada día crece y se visibiliza más la exigencia por una vida libre de violencia en contra de las mujeres, y aunque la lucha ha generado cambios significativos, aún existen diversos espacios donde niñas y mujeres no conviven en plena seguridad y libertad. Ejemplo de ello son los salones de clase, sitios en los que estudiantes y docentes conviven hasta más de seis horas al día y se convierten en ese segundo hogar, el cual, por deducción lógica y social, debería ser un espacio en el que el conocimiento, la humanidad, el bienestar y el aprendizaje sean los protagonistas.
Sin embargo, como muchos otros ámbitos públicos y privados, las instituciones educativas también son albergues de personas y situaciones violentas, que lejos de fomentar y perpetuar una vida equitativa, igualitaria y segura, ejercen, reproducen y normalizan diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres. Basta con acercarse y observar los tendederos virtuales y físicos en las manifestaciones del 8 de Marzo, todos ellos con nombres y testimonios de acoso y violaciones ejercidas por compañeros de clase e inclusive maestros, directivos y personal administrativo. O aquellas noticias que han tenido una alta exposición en los medios masivos de comunicación, como el caso de Kim, la niña de Mexicali que en su kinder fue abusada sexualmente en septiembre de este año. Desafortunadamente, no es el único caso, muchos ni siquiera tienen alcance en medios de comunicación, ya ni hablar de las fiscalías y ministerios públicos, a pesar de que 736 millones de mujeres en el mundo han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida (ONU Mujeres, 2024) y en latinoamérica mueren 11 mujeres al día por el hecho de ser mujeres (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, 2023). Las cifras siguen siendo alarmantes y las acciones urgentes.
Aunque estas manifestaciones de violencia son de alto grado (recordemos la escala del violentómetro, elaborado por la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional) y de considerable relevancia, asimismo lo son otros tipos de violencia que con mayor frecuencia se ejercen en las aulas y en varias ocasiones pasan desapercibidas, como la violencia psicológica y simbólica.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia psicológica como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales son razones suficientes para que las víctimas sufran depresión, aislamiento, devaluación de la autoestima y en el peor de los escenarios, se suiciden.
Por otra parte, el sociólogo Pierre Bourdieu, en su libro La Dominación Masculina, precisa que la violencia simbólica no utiliza la fuerza física, sino la imposición del poder y la autoridad a través de acciones sutiles, casi invisibles, aceptadas, permitidas y normalizadas por el dominador y el dominado, quienes a su vez cohabitan en un contexto en el todo esto forma parte de su cotidianidad.
Es así que en gran parte de los casos, las víctimas suelen ser mujeres y niñas (al igual que las personas con divergencias sexogenéricas), y sus victimarios son sus propios compañeros de clase, maestros, maestras (también las mujeres ejercen violencia de género aunque en menor medida), directores y personal administrativo. Las expresiones de violencia son invisibles, pero sumamente destructivas: desde un comentario aparentemente inofensivo en alusión al cuerpo o a las capacidades cognitivas y físicas que puede realizar una mujer, hasta insultos, humillaciones y amenazas ejercidos desde la postura simbólica de poder que representa un académico o un directivo, quien no necesita violentar de manera física porque sus acciones forman parte de una cultura normalizada, heteropatriarcal, sexista y misógina que los respalda.
Y como si no fuera suficiente, la pandemia de covid-19 y el desarrollo tecnológico que la acompañó, destapó las cloacas y dejó ver que las acciones por erradicar cualquier tipo de violencia son aún más necesarias y urgentes, principalmente en esta compleja realidad digital en la que, según datos de ONU Mujeres (2024), entre el 16% y el 58% de las mujeres en todo el mundo experimentan violencia de género facilitada por la tecnología, sobre todo la generación Z y las millennials.
Ante este panorama poco alentador, ¿qué podemos hacer en nuestras aulas y con nuestros estudiantes? ¿Hay opciones para generar un verdadero cambio gradual hacia una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia en contra de las mujeres y las niñas? Con esperanza puedo afirmar que sí, siempre y cuando como docentes seamos las primeras personas en construir espacios seguros, armónicos y equitativos, donde las y los estudiantes puedan expresar sus inquietudes, exigencias y emociones sin temor a sentirse juzgados, desde el respeto, la libertad, la responsabilidad y la equidad.
Necesitamos terminar con los chistes machistas, las microviolencias y los micromachismos; evitar las risas y algarabías en torno a ellos para romper con el pacto patriarcal y dejar de normalizar todos esos estigmas que no sólo violentan a las mujeres, sino que además coaccionan la libertad de elegir otras narrativas y discursos a quienes se hallan envueltos en ese contexto.
Al mismo tiempo, debemos brindarles habilidades, herramientas y elementos a las generaciones actuales y futuras de estudiantes para continuar la deconstrucción de esta sociedad, de manera que logremos evidenciar y erradicar la vulneración y transgresión de los derechos, la seguridad, la salud mental y la libertad de quienes coexistimos en ella, desde la equidad de género y la igualdad de oportunidades.
A la par, es prioritario el involucramiento activo y sostenido de quienes administran las Instituciones de Educación Superior y las Instituciones del Estado ante esta problemática compleja y urgente, porque sólo si trabajamos en conjunto por la generación nuevas narrativas y discursos políticos, económicos, educativos y socioculturales libres de violencia de cualquier tipo, lograremos reducir la cantidad de años para que las mujeres y niñas tengamos los mismos derechos y las mismas protecciones legales que los hombres.
